¿Augusto de la Torre o Pablo Lucio-Paredes?

En este artículo quería analizar el problema de la corrupción y los gobernantes, algo así como: Alibaba y sus 40 ladrones.  En su defecto, voy a analizar una de las tantas consecuencias nefastas que tiene este flagelo sobre el Ecuador.  El gobierno ha decidido conformar un grupo de personas - sin un vínculo formal que los obligue y sin sueldos- para que cumplan un rol de autoridad.  Básicamente, que aconsejen al gobierno en materia económica en estos momentos tan complejos que vive el país.  Hay otros ejemplos de institucionalidad semejante al propuesto en el país.  Por ejemplo, el Council of Economic Advisers en EE.UU. o los consejos consultivos que existen para tantas materias dentro y fuera del Ecuador. No me quiero detener en los detalles institucionales porque es un tema de suyo interesante, sobre el cual habrá que regresar en otro artículo. Salvo, para alertar que confío que las personas encargadas hasta hoy no desfiguraran el encargo o desprestigiaran el concepto como ya pasara en décadas pasadas con el concepto de independencia del banco central.  Lo que quiero tratar en este artículo es dos ideas con una raíz común: la falta de institucionalidad que facilite la participación ciudadana y la falta de condiciones políticas que permitan un ajuste fiscal.  Veamos cuál es esa raíz común.

Este grupo está encabezado, al menos así me parece a mí, por uno de los macroeconomistas de mayor prestigio internacional que tiene el Ecuador, un hombre con experiencia académica y hacedor de política económica con una mezcla adecuada de cada una para el desafío entre manos.  También lo integra un ex ministro de Finanzas de Rafael Correa, que lo decidió contrariar en el momento de su mayor apogeo político, lo cual habla bien de su integridad profesional; además de ser un conocedor de los pormenores fiscales de un país que se ha caracterizado por la discrecionalidad y la falta de transparencia que dificulta la ejecución de política económica.  Para muestra un botón, en la mitad de la pandemia no conocíamos con exactitud las cifras fiscales por la tendencia de trasladar cuentas entre el gobierno central y el sector público no financiero de manera de esconder el nivel de endeudamiento, hasta que el FMI retrasó los compromisos y solicitó que se aclaren las cuentas de la contabilidad pública, explicitando que los déficits en el presupuesto eran mayores. 

En una segunda tanda, fue incorporado un buen econometrista, compañero mío y del cuál tengo un buen concepto profesional, y que tiene una fuerte vocación por trasladar todos los problemas a una confrontación con datos y modelos con el recurso particular a su especialidad, la econometría de series de tiempo.  También se integró un periodista económico de la sierra con larga experiencia en la política.  Particularmente, como diputado en el Congreso durante la crisis financiera de 1999 y la dolarización del 2000.  En estas épocas, le tocó vivir en primera persona como legislador la creación de la AGD, la fiscalización durante el congelamiento de depósitos, la aprobación de la dolarización y las famosas leyes Trole.  Todas experiencias de valiosa relevancia para evitar caer en los mismos errores que se cometieron en el pasado.

Así se conformó el equipo con Augusto de la Torre, Fausto Ortiz, Manuel Gonzalez y Vicente Albornoz.  También se supo que Pablo Lucio-Paredes declinó la posibilidad de participar en dicha comisión.  Hasta ahora yo era partidario de la tesis expuesta por Augusto de la Torre en entrevista al diario El Universo: “Para mí, al estar el país en una situación tan delicada y si el Gobierno te invita, es una irresponsabilidad decir no, por un mínimo deber cívico”.  Independientemente, de si tenga o no la razón, si hay que reconocer que Augusto de la Torre está “poniéndose la camiseta” del país y está poniendo en riesgo su reputación profesional también al hacerlo.

No obstante, respecto de Pablo Lucio-Paredes, de quien tuve el gusto de conocerlo cuando fuera mi profesor en la ESPOL, guardo también los mejores conceptos.  Cuando leí su editorial en el mismo diario este sábado: ´No creemos en nada´,  nos recordaba de la indignación que vivía el país luego de que se revelaran los aportes de campaña del banquero Aspiazu al presidente Mahuad después de la decisión del feriado bancario de 1999.  Obviamente, la indignación estaba justificada por las terribles consecuencias económicas para todos los ecuatorianos de esa perniciosa relación entre el dinero y la política.  Vale recordar, que Pablo Lucio Paredes, presidió el ente regulador responsable de la decisión del congelamiento de depósitos.  Lo interesante es que el condicionó su permanencia en el cargo a que si se congelaban los depósitos también se debían congelar los activos de los bancos de manera de impedir que los banqueros desviaran recursos y se arrancaran con los depósitos de la gente o los créditos otorgados por el banco central, como finalmente ocurrió.  Al no aceptarse su recomendación, tres días después renunció al cargo.  El resto forma parte del más grande salvataje bancario y sus consecuencias nefastas para el país.  Por tanto, creo que a mi profesor se le ha de haber venido a la mente la situación vivida en 1999 con la invitación a formar parte del grupo asesor con lo que actualmente pasa en la política entre el presidente Lenin y los escándalos de los hospitales, supuestamente entregados como cuota política a los Bucaram por los ministros de la denominada Ruptura de los 25.  El curioso parecido entre lo que pasó con Mahuad y Aspiazu es innegable.  Por lo que no quisiera juzgarlo por su decisión tampoco, ya que él ha de creer con justo derecho, que esto es un ejercicio de distracción para lo que realmente importa para sacar el país adelante: que es cortar ese pernicioso vínculo entre el dinero y la política del Ecuador que todo lo ha corrompido.

Un segundo tema, en el plano mas propositivo, Manuel Gonzalez ha hecho una propuesta por ahora muy controvertida.  Ha planteado la creación de un impuesto al patrimonio y no empeorar más la recesión reduciendo personal este año, pero planteando para el mediano plazo una elevación de 2 pp. al IVA para recuperar la sostenibilidad fiscal.  Sin embargo, las críticas de izquierda y derecha no se han hecho esperar por la falta de “creatividad” de la propuesta.  En todo caso, hay una crítica mucho más fundamental que es reconocida por él mismo, y es que, estamos tratando de rebalancear el presupuesto que es la fuente de los ingresos de la corrupción.  Por lo que todo esfuerzo parece que “caerá en saco roto”.

Debo reconocer que este argumento es más difícil de solucionar de lo que parece.  Por lo que yo pienso que la única solución para implementar reformas y hacer un ajuste fiscal es con un nuevo gobierno.  Lo cual significa postergar las reformas y agravar aún más los problemas o en su defecto adelantar la elección del nuevo gobierno.

No abrigo muchas expectativas de cambio, pero el rol de la autoridad demanda pensar también sobre estos temas.  Como he mencionado en otras ocasiones la función del buen gobierno descansa en dos esferas diferentes: potestad y autoridad.  Instancias que tienen su origen en la Roma republicana, como dicen los romanistas.  Como cuando el cónsul ejecutaba, ejercía la potestad; y el senado aconsejaba, ejerciendo la autoridad. El problema actualmente es que la potestad no tiene la legitimidad para actuar, y no es socialmente reconocida.  Y no se bastará de una autoridad, la comisión de asesores, para corregir esta limitación.  El problema es que la falta de legitimidad obedece a que todo sacrificio fiscal que requieran las medidas de ajuste no será tolerado mientras siga la corrupción generalizada en las instituciones públicas.  Es más, hasta el momento, la división de labores entre economía y política se fundamentaba en que la una trataba sobre los medios y la otra sobre los fines.

Es en este sentido que me inclino en contra de las propuestas de Manuel, pero no porque crea que se equivoca en tanto cuáles sean los mejores medios, es más cuando presentamos conjuntamente un plan de acciones económicas el, otros colegas y yo; convenimos que esto sería lo más apropiado.  Aunque efectivamente, reservábamos la fase de ajuste y reactivación para más adelante porque no la considerábamos oportuna.  La razón porque ahora me opongo es porque creo que el objetivo actual debería ser reordenar los fines políticos en contra de la corrupción, un problema de fines no de medios.  Sin embargo, esta situación, no hace menos urgente resolver el problema económico, lo hace más difícil. Porque debo reconocer que a medida que pase el tiempo, las consecuencias de dilatar las decisiones serán aún peores.  Aunque, también puede haber una ventaja, que es que luego de esa revisión profunda limpiando los excesos producidos por la corrupción, las necesidades de financiamiento bajen y el monto del alza y el tipo de impuestos podrán revisarse consecuentemente. Por supuesto, que esto obedecerá a otra discusión de los fines del Estado que también pertenece a la filosofía política.

Si ustedes recuerdan hace 20 años cuando se decidió la dolarización, más allá de la corrupción de la banca, la dolarización recuperó la confianza de los depositantes en el sistema financiero y la estabilidad del sistema monetario enfocó al sector privado en actividades productivas. Pero ahora, el problema que queremos resolver (recuperar la sostenibilidad fiscal) es facilitar el accionar para un montón de políticos corruptos que han utilizado la cosa pública en beneficio personal.

Mientras no recuperemos la legitimidad sobre los actores de gobierno y sus objetivos, los esfuerzos del gobierno no nos van a llegar muy lejos.  En todo caso, hay que reconocer que este gobierno, luego de las manifestaciones violentas de los grupos indígenas y correistas de octubre del año pasado, consiguió recuperar legitimidad por enfrentar de una manera no violenta a dicha crisis.  En el mismo sentido, el presidente Lenin podría dar demostraciones más integrales de coherencia contra la pandemia de corrupción.  Hacer algo semejante implicaría un cambio de 180 grados: afuera los compadres, los compinches, los yernos y las alianzas que han comprometido tan drásticamente la política por el dinero, a tal punto de desprenderse del dinero mal habido (i.e. caiga quien caiga como les gusta decir).  Tiene que ser algo que realmente mueva la aguja (meter preso a dos expresidentes solo sería una parte).  Pensando en términos bíblicos: <<sin nada vine a este mundo, y sin nada me he de regresar>>. 

Pero, como dice el poema de Francisco de Quevedo:

“Es tanta su majestad,

Aunque son sus duelos hartos,

Que aun con estar hecho cuartos

No pierde su calidad.

Pero pues da autoridad

Al gañán y al jornalero,

Poderoso caballero

Es don Dinero.”

Y el nivel de influencia del dinero en la política ecuatoriana ha llegado a tales niveles que estas ideas mías bordean la utopía.  ¿Hay algún líder político dispuesto a emprender una carrera para hacer ese su objetivo? (¡Por favor que no ofrezca cortarse las manos!)

No quisiera concluir sin desear lo mejor al trabajo de la comisión asesora.  Ojalá nos demuestren que estamos equivocados, por el bien del país.  Así en el futuro, los que tengan que participar en política no tengan el dilema de Pablo Lucio-Paredes.  Yo en todo caso, he tratado de exponer en este artículo por qué ambos tienen razón.   El problema es que mientras más nos demoremos las consecuencias para el país serán exponencialmente peores.  Y aunque podría citar a Alibaba y los 40 ladrones para terminar, voy a hacer una referencia por analogía, a lo que le pasa al país. En vez del Titanic de Mahuad, los ecuatorianos estamos todos montados en la avioneta de Adum.