Ruleta Rusa: lo político de la crisis fiscal

 A propósito de la grave crisis fiscal que se ha venido incubando en las finanzas públicas y de muchos comentaristas deportivos, políticos y económicos despistados advirtiéndonos de la posible contracción del sector privado y el aumento de la pobreza resultantes de una corrección fiscal; unos compañeros y colegas economistas de la ESPOL decidimos juntarnos para presentar algunas ideas centrales sobre lo mínimo que debería contener el eventual ajuste.  La propuesta resulta en una recomendación en materia de ingresos, gastos, deuda y preparación de mediano plazo para financiar la guerra y cerrar el déficit estructural del 5% del PIB que podría desembocar en una crisis de consecuencias funestas para el sector privado y peor aún para los más pobres. Esta potencial crisis sí con perversos efectos permanentes -no de recesión pasajera- y de una verdadera depresión como la que antecedió a la dolarización, no como lo que se discutía los círculos de Guayaquil o de Quito hace un mes (Ver Tweet). 

De esta interacción con mis colegas he aprendido algunas cosas.  Una de ellas es el distanciamiento cada vez mas grande entre la política y la economía, cuando sería muy provechoso para ambas una mejor interacción para orientar la acción de gobierno.  Entre mis colegas se encuentran académicos en universidades americanas, funcionarios de organismos internacionales, investigadores de bancos centrales, reguladores de instituciones de control, ex-funcionarios públicos, entre otros; dentro de ese grupo me considero el menos habituado a los modelos, a la investigación empírica o la evidencia de casos internacionales.  Para mi, que opte por una carrera mas hacia la empresa, mi aporte viene del patear las piedras del asfalto, viendo cómo la crisis fiscal inflige complicaciones al sector privado desde el sector público.  Al tener esos dos sombreros creo tener una visión que puede ayudar a mejorar esa interacción entre economía y política. Ya me dirán ustedes.

En todo caso la propuesta original del gobierno de la subida del IVA se va abriendo camino en una extraña ventana de oportunidad para corregir el déficit estructural poco a poco.  Vale recordar que el presidente Noboa ha pasado de un discurso de bajar impuestos y aumentar los subsidios a los combustibles a un discurso exactamente opuesto al pregonado en campaña.  El problema de credibilidad no es menor, pero se aliviana mientras se pueda mantener dentro de la narrativa de que todo cambió por la guerra contra el crimen organizado y el “entuque” que dice que le ha hecho el gobierno anterior. Esperemos que los índices de popularidad del 80% se puedan mantener al hacer lo que siempre debió decir que iba a hacer.

Afortunadamente, muchas otras voces compartieron la gravedad del problema e insistieron en los riesgos de una eventual desdolarización (Cordes), otros optaron por una estrategia mas detallada sobre la contracción del gasto público, subsidios y renegociación de deuda con ajuste del orden de 2,5% del PIB (USFQ), aunque solo consigue la mitad de la tarea.  Sin embargo, los políticos populistas parapetaron las tesis de RC y PSC de corregir en algo las necesidades del ajuste, pero bajándole el tono al problema, rechazando un alza del IVA y proponiendo una combinación de impuestos temporales dirigidos a grupos específicos para llegar a una cifra como sumo la mitad de la recaudación proyectada para el alza del IVA.  Siendo lo más crítico que los impuestos sean temporales.  Así las cosas, esta nueva entrega de la novela política ecuatoriana, al igual que las películas de Marvel, aunque no sepamos su desarrollo sabemos cuál será su conclusión (Algo nos adelanta Pallares en el diario Expreso).

Lo político como lo arquitectónico

La situación que observo es de una invasión de competencias entre lo político y lo económico.  En donde quien debería llevar la primacía, la política, confunde la comprensión del problema técnico con la definición del objetivo político.  Cuando la sana interacción debería partir por un reconocimiento de los hechos económicos y una deliberación de los objetivos deseados que permitan analizar las alternativas que debería tomar la sociedad en ese contexto.  Déjenme explicarlo con una analogía.  Si yo construyo una casa, primero debo partir con un plano arquitectónico que haya recogido las necesidades básicas de la familia y las restricciones técnicas que una opción razonada frente a un presupuesto a mi disposición.  Mis preferencias y necesidades reflejadas (proyecto arquitectónico) se deben complementar con las restricciones de estructuras de pilares y ducterias que la ingeniería manda para que sea una casa resistente y funcional (proyecto estructural).  Así también, la política es a la economía lo que la arquitectura es a la ingeniería.  Sin lo primero, no hay objetivos que satisfacer, pero sin respetar las restricciones la casa tiene el riesgo de colapsar.  A los políticos no se les puede ocurrir construir una casa de dos pisos sin pilares y a los economistas tampoco se les debería ocurrir que vivamos en una casa de un solo ambiente porque es la estructura más sólida si su tarea no es imponernos preferencias.

En el mismo sentido veo a un político de formación como Hurtado resaltando la necesidad de respetar las restricciones económicas; y veo, a un gestor y eficaz administrador, como Nebot indicando cómo es que se debería aprobar la reforma, pero sin el alza del IVA.  El primero parece querer ser ingeniero y el segundo un arquitecto-decorador. Nótese que en general, como economista, estoy de acuerdo con Hurtado, pero como político no puedo tratar de imponer, sino que debo ser capaz de convencer de porqué la sociedad debería buscar ese camino, no a cambiarse al carril de la economía, no a invocar a la confrontación o dar lecciones de moral.  Es como el ingeniero que quiere construir casas de un solo ambiente.

Lo de Nebot no es nuevo, bien dijo Hurtado que es la esencia misma de los populistas de los que el PSC y RC son sus mas insignes representantes.  A él habría que recordarle cómo terminó el país luego del interinazgo de Fabián Alarcón, cuando propuso la eliminación del IR en 1998 y la creación del 1% de impuesto a la circulación de capitales o la creación de un seguro de depósitos después de que buena parte de la banca estaba quebrada, para que los depositantes se salven, lo que parece correcto, pero permitiéndole a muchos banqueros irresponsables huir con activos del país, ambas cosas figuran como causales últimas de la crisis fiscal y financiera, amén de las desafortunadas condiciones externas y mala gestión pública  que nos llevó al colapso de la economía en 1999.  Cada vez que el hombre práctico y buen gestor, que fue mas adelante como alcalde de Guayaquil, mencione estas “innovaciones” para enfrentar la crisis habrá que recordarle que en materia macroeconómica su autoridad es por decir lo suave, bastante más de lo que permite la cancha, para decirlo en el argot del deporte que ve jugar todos los días. Es como el decorador que quiere quitarle los pilares de la casa por que no se ven bonitos.

Que lo político sea lo arquitectónico supone construir una casa bonita, funcional y sólidamente construida al alcance del propietario. Es decir, que se tome en cuenta las preferencias y necesidades, se respeten las restricciones económicas y se pueda construir con el presupuesto que se cuenta. En esta analogía Correa merece un puesto especial, puesto que lo que hizo en su gobierno fue construir la casa más bonita que se podía imaginar, aparentemente respetando las reglas de la ingeniería, aunque con un vicio oculto que le ha tocado corregir a los gobiernos subsiguientes.  Como todo buen populista, nos dio pan para hoy, hambre para mañana.

Lo político de las reformas

Luego de nuestra propuesta, un grupo de profesores encabezado por quien había sido nuestro profesor en ESPOL, Pablo Lucio-Paredes, proponía una reforma de reducción por $2,800 millones (900 de contracción del gasto en personal, 400 en renegociación de deuda y 1500 en reducción a los subsidios de los combustibles).  No estoy completamente en desacuerdo, pero esto es media receta.  La receta completa es para corregir todo el problema y por eso nuestra propuesta era un mix que incluía la elevación de ingresos permanentes.  La carga libertaria del Estado mínimo debe explicar en parte esa postura de aversión a más impuestos.  Salvo que habría que recordarles que una reducción de subsidios es equivalente a una elevación de impuestos.  En fin, hay que rescatar la coherencia ideológica de la propuesta en un entorno en donde estamos acostumbrados a decir lo que la gente quiere escuchar y no la verdad. Nótese la diferencia con los políticos que dicen lo que la gente no quiere escuchar hasta que termina convenciendo como el caso de Milei.

Esto me sirve como una buena introducción para indicar que la esencia de la discusión fiscal debe tener como antecedente una discusión política.  Lo malo es no dejarlo claro.  Si como sociedad creemos que: el Estado debe crecer o achicarse, debe cobrar impuestos progresivos o impuestos indirectos, reducir la pobreza o reducir la desigualdad; lo que creemos son en opciones políticas (de suyo opinables). Luego estas opciones y los intereses políticos se vuelven en restricciones que interactúan en el terreno de la economía política como un arte de saber gobernar. Finalmente hay un andarivel puramente económico que trata de descifrar si los objetivos son viables (¿Se puede sostener un déficit estructural del 5%?), si es eficiente una estructura tributaria (¿Qué costos tiene un impuesto menos horizontal que el IVA?), si es administrativamente fácil de evadir (¿Qué impacto tiene la exención sobre un rubro tan grande como materiales de construcción?), o la manera en que se afecta la distribución del ingreso (¿Cómo se compara la regresividad del IVA con el impuesto a los bancos -que no es lo mismo que a los banqueros?). 

Lo que sí parece inverosímil es decir que no se aumenten los impuestos porque quitan el dinero del bolsillo de la gente y al mismo tiempo sostener que se mantengan las exoneraciones tributarias (cerca de 6000 millones) que aunque la mitad correspondan a las exenciones del IVA, todavía existen otros 3000 millones para convenios de inversión, zonas francas y otras concesiones a empresas particulares.  Si no queremos más impuestos, insistamos en que no podemos dar concesiones particulares hacia futuro, habrá que respetar aquellas que se otorgaron a cambio de inversiones ejecutadas o para reducir la progresividad del IVA pero todas las demás habrá que examinarlas y parar a raya esta política de cara al futuro. No estoy seguro de que estén tan de acuerdo con esto, pero mantener ambas cosas no es coherente.  Peor aún exigir transferencias a gobiernos seccionales de esfuerzos de recaudación desde el gobierno central.  Esto no es un tema sencillo, pues me atacaran de centralista, pero si el gasto de los GADs no beneficia a salud, educación y seguridad que es lo que mas desea la gente cómo es posible que no se imponga una restricción a esa transferencia como contraparte a ese gasto y sigamos insistiendo en mas transferencias y a la vez no elevar los impuestos.  Bueno, esto solo se explica desde el populismo. 

Decir que el mejor impuesto es el que deja el dinero en el bolsillo de la gente es un ejemplo de no entender la diferencia entre la política y la economía.  Excepto claro está, que hayamos encontrado el caso en que la gente no le guste tener mas de su propio dinero. Es muy difícil hacer economía si la política se vuelve tan incoherente o hacer política que no respeta lo básico de la economía.

Lo político de los subsidios a los combustibles

La elevación de los precios de los combustibles es asociada con las respuestas violentas del movimiento indígena que hacen tambalear a todos los gobiernos (El asesor de Iza nos anticipa el afán estratégico de la protesta que está por venir).  La verdad es que no es posible abordar una reforma semejante sin entender adecuadamente esas restricciones políticas que podrían replicar esos intentos de rebelión.  Recomendar <<tabula rasa>> la eliminación a todos los subsidios a los combustibles es algo que puso en riesgo la democracia irresponsablemente en octubre del 2019.  Si a esto sumamos la amnistía a los líderes de esa protesta otorgada por la Asamblea en el 2021 entendemos porqué le reedición de ese fenómeno en el 2022 -que no sea por la oposición delincuencial que ahora conocemos de qué es capaz. 

En todo caso, tampoco es cierto que no se puedan tocar ninguno de los subsidios o que haya que esperar a un elaborado plan de implementación con tarjetas magnéticas, bases datos entrelazadas y sistemas inteligentes interconectados entre toda la infinidad de puntos donde se vende combustible a todo lo largo y ancho del país.  Eso sería necesario en una última fase de reforma y es un distractor del problema central en este momento. Las reformas producen un problema cuando se combinan los conflictos con los grupos de interés y los problemas de legitimidad en la eliminación de los subsidios.  Pero la falta de legitimidad sólo será un problema si se afectan los subsidios que impactan al precio de la electricidad, el transporte público y el precio de los alimentos.  Una reforma profunda a este problema deberá implicar reformas en esta materia, pero es posible primera fase sin tocarlos todavía ($1500 millones).

En todo caso, lo que parece importante para pasar a esa segunda fase de reforma ($3000 millones) es que la discusión política llegue a un consenso de si queremos mantener esa visión clientelar con respecto a la riqueza petrolera.  De hecho, pocos son los países petroleros que han logrado salir de esa condición, Venezuela siendo el caso cercano más paradigmático, en donde un metro cúbico de agua por el grifo cuesta más que un galón de gasolina en gasolinera.  Esto en parte explica el problema del déficit estructural del 5% del Ecuador -si elimináramos <<tabula rasa>> los subsidios a los combustibles, gas y electricidad podríamos recuperar 4,5% del PIB. 

Es por esa misma razón que se nos presenta una oportunidad de reforma relativamente sencilla en su primera fase. Si más de la mitad del consumo de derivados no va a generación termoeléctrica (una parte si por los estiajes que obligaron a los apagones recientes), a transporte de pasajeros o transporte de carga que lleva a alimentos: ¿a dónde va? ¿Quién lo consume? En términos gruesos ni mas ni menos que actividades ilegales: contrabando en frontera, trapicheo en alta mar, maquinaria de la minería ilegal, trafico intersectorial desde sectores subsidiados, producción de droga -curioso que el hallazgo de la droga en Vinces también hayan encontrado 18,000 galones de gasolina.  Esto es fácil de acabar desde lo político, pues nadie en un sano juicio va a defender mantener estos subsidios a esos sectores, peor si es fuente de ingreso de los que están en guerra con el Estado.

Este es parte del argumento político para una reforma que pronto espero compartirlo.  Por ahora debe entenderse bien el problema y no adelantarse a fases de la reforma que si requieren mas discusión política.  En esa segunda fase deberíamos discutir como sociedad cómo queremos repartir la riqueza petrolera: si a la manera africana o venezolana; o si la manera de un país que tiene un plan de desarrollo que aglutine al país en torno a beneficios que dignifiquen mas a sus ciudadanos como el cuidado de la salud de sus enfermos o la formación de los mas jóvenes a través de una buena educación.

Lo político de la desdolarización

Augusto de la Torre, en coincidencia con nosotros, nos advierte de los caminos de la desdolarización: emisión de dinero electrónico, crédito interno del BCE o emisión de deuda del MEF sin fuente de repago (Ver El Universo).  Eventualmente, nos dice con los de CORDES que en ese escenario de bimonetarismo una crisis puede afectar la confianza de la gente en los depósitos en el sistema financiero privado, y luego de eso, adiós a la dolarización. Parafraseando a Hurtado: “vendrá el correón”.

Pero lo que equivocamos los economistas es nuevamente la confusión de andariveles.  Si la sociedad no está de acuerdo con la salida de la dolarización: ¿cómo es posible que el gobierno termine desdolarizando?  No es que los economistas estén equivocados en advertir la seriedad del problema, es una cuestión de la sutileza del problema, que en alguna medida se parece a la fabula del pastor, el pueblo y el lobo.  De tanto jugar con que viene el lobo, llegará el día en que el pueblo no reaccione y el lobo se aproveche. 

Por si mismo el gasto público sin financiar no se puede pagar con emisión en dolarización, pues esta no es una herramienta de la que dispone un país dolarizado.  Pero en la medida que los gastos de sueldos u otros gastos vitales se empiecen a acumular, de algún lado tendrá que empezar a pagarse.  La forma más fácil es con una promesa que alguien este dispuesta a tomarla como medio de pago: un bono, un cete, un crédito tributario, un patacón o un correón.  El día en que políticamente decidamos empezar a pagar así es que abrimos la puerta para un dilema futuro, nos dice De la Torre. En ese día futuro, téngalo por seguro, ya no importará la dolarización, todos querrán que el Estado emita dinero para salvarlos (bien sea de una corrida de depósitos o de una suspensión del pago de salarios generalizada).  Por eso bien dice un economista Thomas Sargent, parafraseando la máxima de Friedman: “la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno fiscal”.

Hasta aquí nada que no hayamos escuchado antes, quizás es la segunda advertencia de que viene el lobo.  Lo propicio sería recomendar un curso de acción para evitar entrar en el dilema.  Por ahora se me ocurre responder con más política, a la irresponsabilidad de los políticos de no subir impuestos permanentes o no bajar los subsidios.  Esto es, establecer por fuerza de los hechos una prelación de pago con el efectivo de la caja fiscal. Si no se pueden aumentar impuestos las transferencias a GADs entran a la cola, si no se bajan los subsidios a los sectores priorizados, a los no priorizados (fase I) se les calcula un precio que asuma parte de ese costo (propondría subir el diésel no $1.5/galón sino $3/galón a todos aquellos que no sean transportistas, carga pesada, generadores de energía o que no compren en el dispensador de la gasolinera).  Esto habría que implementarlo y no es muy complejo, pero hay que darle la legalidad requerida, ya que en estas circunstancias la autoridad de finanzas tiene toda la legitimidad requerida para evitar entrar en un dilema del que después nos lamentaremos.

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Para un problema de seguridad con las maras en algo parecido al nuestro, El Salvador ha requerido de Bukele.  Para una crisis fiscal y de corrupción de la cosa pública de similares magnitudes, a la Argentina le ha tocado Milei. A falta de eso, a Ecuador le han tocado dos políticos muy hábiles, Correa y Nebot, que constantemente buscan privilegios sea cual sea el costo para el país. Al presidente Noboa me resta decirle que salvo que todos los ecuatorianos hagamos un cambio generalizado de actitud, que es posible desde la buena política, y en la línea que estamos sugiriendo, solo “sonsing inkredibol” salvaría al país de la crisis que se avecina.

La Política Económica como Etica

He pensado en la realidad política y al final creo haber encontrado una buena analogía con la comida que quisiera compartir.  Una cosa es la alimentación y otra es la nutrición.  La primera es un acto de la voluntad para ingerir alimentos, la segunda es una respuesta del organismo de cómo asimilar esos alimentos.  Algo parecido sucede en la política.

Pensemos en dos de los problemas que informan la política ecuatoriana: el problema de la salud pública resultado de la pandemia del COVID-19 y el problema económico en general con sus implicaciones sobre el empleo, la actividad, la liquidez, los impuestos, el gasto público, la incertidumbre, etc.

En estos casos observo un rasgo que denomino la visión de ética de la política.  Una visión que asume que existen unas verdades absolutas, imperativos categóricos kantianos, que por no obedecerlos es que resultan los problemas políticos que nos agobian.

En el caso de la pandemia hemos observado como soluciones normativas no han sido suficientes.  El aislamiento por cuarentena a unos ha llevado a reclamar neuróticamente con un negacionismo asombroso, donde la queja fundamental es que se atenta contra la libertad individual como valor absoluto.  Otros demandan cuarentenas y restricciones más estrictas para todos, desconociendo que hay gente pobre, como si no se hubieran enterado del gran número de personas que viven en condiciones de mera subsistencia que le impiden respetar las cuarentenas.  Estos han desarrollado una actitud de paranoia contra cualquier relajación que limita seriamente la recuperación de algunos sectores de la economía.

Todo es para bien, dice un famoso pasaje evangélico, que es citado en el contexto de situaciones complicadas que parecen agraviar la vida del cristiano.  Pero esto no es justificación para cometer errores del tipo que se cometió en Guayaquil y que se siguen cometiendo en Quito.  Cerrar aeropuertos a los vuelos humanitarios, imponer protocolos inaplicables para enterrar a los difuntos, negociados con los insumos médicos en los hospitales públicos, ocultamiento de la información del número de contagiados, mala coordinación e implementación de medidas de salud, falta de seguimiento y control sobre lo actuado, y una larga lista que no viene al caso.  Una dosis de pragmatismo y sentido común hubiera mejorado notablemente los resultados de las acciones tomadas, pero con la falta de capacidad de nuestros políticos se hizo patética.  O quieren hacernos creer que Andramuño, Ocles, Bucaram y otros nos podrían conducir a otro lado. Quizás con la única excepción de Sonnenholzner, muchos no les confiaríamos ni la suegra a estos personajes.

Cierto es que es un problema de capacidad de la gente que nos gobierna, pero esto a su vez obedece a que no somos capaces de asumir el desafío de la política como corresponde. Nos quejamos porque creemos que la política es como un decálogo que hay que obedecer, y como no se obedece, entonces no participamos y dejamos que cualquier hijo de vecino nos gobierne.  Esta idea de la política como ética es la que en economía nos lleva a creer que la buena economía debe ser la buena política.  Algo así como un mandamiento.  Si no lo cumplimos no somos buenos cristianos.

Cuatro son los rasgos de esa visión política-ética que hay que cambiar.  A no confundir con que yo proponga que el ser humano no tiene ética que cumplir. Sino que una cosa es que yo tenga una visión ética y otra que la política tenga unas normas prestablecidas que sino se cumplen se ha perdido la brújula.  No, al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios.

Primero, la política debe ser sobre los hechos y circunstancias realizables.  Si hay un grave problema fiscal, pero paralelamente las empresas perciben una tremenda incertidumbre en su futuro y los trabajadores temen por el fantasma del desempleo que les respira en la espalda; ¿qué creen que les preocupa más, los suyos o el Estado?  Por tanto, la insolvencia fiscal es un problema muy grave, pero no lo suficiente para conseguir la aprobación de nuevos impuestos como se pretendía con las fallidas reformas tributaria. 

A este nivel de realismo, no le falta el reconocimiento de que las ideas pueden inspirar el cambio.  Pero no puede ser un cambio porque lo dice un profeta.  Debe ser un cambio en el que la sociedad confía en que le conviene y actúan en consecuencia.  He aquí una labor para los políticos, para emprender por el logro de un cambio, tal como cuando al nivel de la empresa alguien ambiciona una meta.  El emprendedor no puede pensar que al pasar por caja estará su sueldo, tendrá que proporcionárselo con sus logros.  Lo mismo se puede decir del político.  Este gobierno o el que venga tendrá que entenderlo, así funciona la realidad política.

Segundo, la política es sobre las acciones y sus consecuencias no sobre la teoría y sus supuestos.  Si el gobierno decide que hay que eliminar los subsidios a los combustibles -como yo también lo quisiera-, pero cree que el problema es solamente explicar la racionalidad de la propuesta se equivoca.  Como se equivocó en noviembre y reveló un nivel de ingenuidad política asombrosa.

No reconocer a los grupos de interés que se benefician de una renta por culpa del subsidio y peor todavía, creer que la oposición política no tratará de aprovechar esa coyuntura para alinearse con los afectados es un tipo de error que creíamos superado por este gobierno.  Pero la propuesta de acelerar el anticipo al impuesto a la renta es una prueba en contrario.  Pues a pesar de que en derecho la Constitución de la República reconoce que en estado de excepción el gobierno esta facultado para anticipar el cobro, el gobierno no supo intuir que la oposición está tan cerrada que no puede forzar las cosas si no tiene el poder político para hacerlo.  Letra con sangre entra, asi creo que razonó la Corte Constitucional. Veamos que han aprendido cuando por tercera vez intenten aumentar la recaudación por impuestos, esta vez al patrimonio.

Tercero, la política no se puede abstraer de sus realidades históricas.  Léase que hay que saber con que instituciones y personas se está trabajando.  Por ejemplo, cómo pudieron creer que no iba a pasar algo semejante a lo que pasó con los Bucaram.  A casó no conocen la historia de este personaje.  En este sentido, es un acierto que hayan movido el domicilio del juicio por crimen organizado a Quito donde el nivel de influencia de Bucaram sobre los jueces y fiscales no es el mismo que en Guayaquil.  En sentido contrario, cómo quieren que los empresarios den su brazo a torcer con respecto a los impuestos si los problemas de corrupción son tan generalizados e implican a todos los que hacen gobierno.  ¿Quién puede negar que la falta de coherencia es la principal limitación para demandar compromiso con los sacrificios que pide el gobierno?  O es que pueden creer que no esta mal cuando los que se benefician de los fondos públicos en perjuicio del bien común son los aliados o los allegados del presidente.  Aquí si cabe la ética, pero la ética de la responsabilidad individual, de la que dice robar es malo, y robar de la cosa pública es doblemente malo.  Mientras esto no se corrija, y no se corregirá mientras siga el mismo gobierno, las posibilidades de que acepten el ajuste fiscal las considero remotas.

Cuarto, la política es un arte difícil de sistematizar o codificar.  En este sentido la tesis-receta de los organismos internacionales de que se debe realizar una reforma laboral, fiscal y tributaria es difícil de aceptar.  Me cuesta mucho creer que podamos abordar los tres temas simultáneamente, ni este gobierno ni el que vendrá, tienen o tendrán ese capital político.  Hay que sortear los objetivos del país con miras en unos objetivos realizables.  Exigiéndose mucho mas de lo que hasta ahora, con suerte podrían pensar en una reforma fiscal y previsional.  Y esto porque los sacrificios que se piden en materia de impuestos se pueden comprometer para el éxito de la reforma previsional.  Por ejemplo, terminando con las estructuras políticas clientelares (la estructura de gobierno del IESS) y recuperando la viabilidad financiera de la seguridad social con reformas como el aumento de edad de jubilación, separación de la función de salud de la de jubilación, cambio de cálculos de pensiones en función de salarios relevantes de aportación, entre otras.  Pero encima de esto, intentar una reforma laboral, me parece iluso.  ¡Por qué no mejor pedimos que ganemos el próximo mundial jugando contra Alemania en la final!

La política al igual que la alimentación tienen algunas reglas.  Lo que comemos como alimento, lo podemos controlar; la nutrición, que sigue procesos biológicos, sigue ciertas reglas que debemos reconocer, pero no controlar.  Entonces, venir a decirnos que el problema del país se debe a que no hacemos en lo económico lo que debemos hacer, es un moralismo de nivel profético.  Ni los que ofrecen pócimas milagrosas se atreverían a pedir tanto.  Necesitamos política de la realidad y menos de la política escudada en la ética.

¿Augusto de la Torre o Pablo Lucio-Paredes?

En este artículo quería analizar el problema de la corrupción y los gobernantes, algo así como: Alibaba y sus 40 ladrones.  En su defecto, voy a analizar una de las tantas consecuencias nefastas que tiene este flagelo sobre el Ecuador.  El gobierno ha decidido conformar un grupo de personas - sin un vínculo formal que los obligue y sin sueldos- para que cumplan un rol de autoridad.  Básicamente, que aconsejen al gobierno en materia económica en estos momentos tan complejos que vive el país.  Hay otros ejemplos de institucionalidad semejante al propuesto en el país.  Por ejemplo, el Council of Economic Advisers en EE.UU. o los consejos consultivos que existen para tantas materias dentro y fuera del Ecuador. No me quiero detener en los detalles institucionales porque es un tema de suyo interesante, sobre el cual habrá que regresar en otro artículo. Salvo, para alertar que confío que las personas encargadas hasta hoy no desfiguraran el encargo o desprestigiaran el concepto como ya pasara en décadas pasadas con el concepto de independencia del banco central.  Lo que quiero tratar en este artículo es dos ideas con una raíz común: la falta de institucionalidad que facilite la participación ciudadana y la falta de condiciones políticas que permitan un ajuste fiscal.  Veamos cuál es esa raíz común.

Este grupo está encabezado, al menos así me parece a mí, por uno de los macroeconomistas de mayor prestigio internacional que tiene el Ecuador, un hombre con experiencia académica y hacedor de política económica con una mezcla adecuada de cada una para el desafío entre manos.  También lo integra un ex ministro de Finanzas de Rafael Correa, que lo decidió contrariar en el momento de su mayor apogeo político, lo cual habla bien de su integridad profesional; además de ser un conocedor de los pormenores fiscales de un país que se ha caracterizado por la discrecionalidad y la falta de transparencia que dificulta la ejecución de política económica.  Para muestra un botón, en la mitad de la pandemia no conocíamos con exactitud las cifras fiscales por la tendencia de trasladar cuentas entre el gobierno central y el sector público no financiero de manera de esconder el nivel de endeudamiento, hasta que el FMI retrasó los compromisos y solicitó que se aclaren las cuentas de la contabilidad pública, explicitando que los déficits en el presupuesto eran mayores. 

En una segunda tanda, fue incorporado un buen econometrista, compañero mío y del cuál tengo un buen concepto profesional, y que tiene una fuerte vocación por trasladar todos los problemas a una confrontación con datos y modelos con el recurso particular a su especialidad, la econometría de series de tiempo.  También se integró un periodista económico de la sierra con larga experiencia en la política.  Particularmente, como diputado en el Congreso durante la crisis financiera de 1999 y la dolarización del 2000.  En estas épocas, le tocó vivir en primera persona como legislador la creación de la AGD, la fiscalización durante el congelamiento de depósitos, la aprobación de la dolarización y las famosas leyes Trole.  Todas experiencias de valiosa relevancia para evitar caer en los mismos errores que se cometieron en el pasado.

Así se conformó el equipo con Augusto de la Torre, Fausto Ortiz, Manuel Gonzalez y Vicente Albornoz.  También se supo que Pablo Lucio-Paredes declinó la posibilidad de participar en dicha comisión.  Hasta ahora yo era partidario de la tesis expuesta por Augusto de la Torre en entrevista al diario El Universo: “Para mí, al estar el país en una situación tan delicada y si el Gobierno te invita, es una irresponsabilidad decir no, por un mínimo deber cívico”.  Independientemente, de si tenga o no la razón, si hay que reconocer que Augusto de la Torre está “poniéndose la camiseta” del país y está poniendo en riesgo su reputación profesional también al hacerlo.

No obstante, respecto de Pablo Lucio-Paredes, de quien tuve el gusto de conocerlo cuando fuera mi profesor en la ESPOL, guardo también los mejores conceptos.  Cuando leí su editorial en el mismo diario este sábado: ´No creemos en nada´,  nos recordaba de la indignación que vivía el país luego de que se revelaran los aportes de campaña del banquero Aspiazu al presidente Mahuad después de la decisión del feriado bancario de 1999.  Obviamente, la indignación estaba justificada por las terribles consecuencias económicas para todos los ecuatorianos de esa perniciosa relación entre el dinero y la política.  Vale recordar, que Pablo Lucio Paredes, presidió el ente regulador responsable de la decisión del congelamiento de depósitos.  Lo interesante es que el condicionó su permanencia en el cargo a que si se congelaban los depósitos también se debían congelar los activos de los bancos de manera de impedir que los banqueros desviaran recursos y se arrancaran con los depósitos de la gente o los créditos otorgados por el banco central, como finalmente ocurrió.  Al no aceptarse su recomendación, tres días después renunció al cargo.  El resto forma parte del más grande salvataje bancario y sus consecuencias nefastas para el país.  Por tanto, creo que a mi profesor se le ha de haber venido a la mente la situación vivida en 1999 con la invitación a formar parte del grupo asesor con lo que actualmente pasa en la política entre el presidente Lenin y los escándalos de los hospitales, supuestamente entregados como cuota política a los Bucaram por los ministros de la denominada Ruptura de los 25.  El curioso parecido entre lo que pasó con Mahuad y Aspiazu es innegable.  Por lo que no quisiera juzgarlo por su decisión tampoco, ya que él ha de creer con justo derecho, que esto es un ejercicio de distracción para lo que realmente importa para sacar el país adelante: que es cortar ese pernicioso vínculo entre el dinero y la política del Ecuador que todo lo ha corrompido.

Un segundo tema, en el plano mas propositivo, Manuel Gonzalez ha hecho una propuesta por ahora muy controvertida.  Ha planteado la creación de un impuesto al patrimonio y no empeorar más la recesión reduciendo personal este año, pero planteando para el mediano plazo una elevación de 2 pp. al IVA para recuperar la sostenibilidad fiscal.  Sin embargo, las críticas de izquierda y derecha no se han hecho esperar por la falta de “creatividad” de la propuesta.  En todo caso, hay una crítica mucho más fundamental que es reconocida por él mismo, y es que, estamos tratando de rebalancear el presupuesto que es la fuente de los ingresos de la corrupción.  Por lo que todo esfuerzo parece que “caerá en saco roto”.

Debo reconocer que este argumento es más difícil de solucionar de lo que parece.  Por lo que yo pienso que la única solución para implementar reformas y hacer un ajuste fiscal es con un nuevo gobierno.  Lo cual significa postergar las reformas y agravar aún más los problemas o en su defecto adelantar la elección del nuevo gobierno.

No abrigo muchas expectativas de cambio, pero el rol de la autoridad demanda pensar también sobre estos temas.  Como he mencionado en otras ocasiones la función del buen gobierno descansa en dos esferas diferentes: potestad y autoridad.  Instancias que tienen su origen en la Roma republicana, como dicen los romanistas.  Como cuando el cónsul ejecutaba, ejercía la potestad; y el senado aconsejaba, ejerciendo la autoridad. El problema actualmente es que la potestad no tiene la legitimidad para actuar, y no es socialmente reconocida.  Y no se bastará de una autoridad, la comisión de asesores, para corregir esta limitación.  El problema es que la falta de legitimidad obedece a que todo sacrificio fiscal que requieran las medidas de ajuste no será tolerado mientras siga la corrupción generalizada en las instituciones públicas.  Es más, hasta el momento, la división de labores entre economía y política se fundamentaba en que la una trataba sobre los medios y la otra sobre los fines.

Es en este sentido que me inclino en contra de las propuestas de Manuel, pero no porque crea que se equivoca en tanto cuáles sean los mejores medios, es más cuando presentamos conjuntamente un plan de acciones económicas el, otros colegas y yo; convenimos que esto sería lo más apropiado.  Aunque efectivamente, reservábamos la fase de ajuste y reactivación para más adelante porque no la considerábamos oportuna.  La razón porque ahora me opongo es porque creo que el objetivo actual debería ser reordenar los fines políticos en contra de la corrupción, un problema de fines no de medios.  Sin embargo, esta situación, no hace menos urgente resolver el problema económico, lo hace más difícil. Porque debo reconocer que a medida que pase el tiempo, las consecuencias de dilatar las decisiones serán aún peores.  Aunque, también puede haber una ventaja, que es que luego de esa revisión profunda limpiando los excesos producidos por la corrupción, las necesidades de financiamiento bajen y el monto del alza y el tipo de impuestos podrán revisarse consecuentemente. Por supuesto, que esto obedecerá a otra discusión de los fines del Estado que también pertenece a la filosofía política.

Si ustedes recuerdan hace 20 años cuando se decidió la dolarización, más allá de la corrupción de la banca, la dolarización recuperó la confianza de los depositantes en el sistema financiero y la estabilidad del sistema monetario enfocó al sector privado en actividades productivas. Pero ahora, el problema que queremos resolver (recuperar la sostenibilidad fiscal) es facilitar el accionar para un montón de políticos corruptos que han utilizado la cosa pública en beneficio personal.

Mientras no recuperemos la legitimidad sobre los actores de gobierno y sus objetivos, los esfuerzos del gobierno no nos van a llegar muy lejos.  En todo caso, hay que reconocer que este gobierno, luego de las manifestaciones violentas de los grupos indígenas y correistas de octubre del año pasado, consiguió recuperar legitimidad por enfrentar de una manera no violenta a dicha crisis.  En el mismo sentido, el presidente Lenin podría dar demostraciones más integrales de coherencia contra la pandemia de corrupción.  Hacer algo semejante implicaría un cambio de 180 grados: afuera los compadres, los compinches, los yernos y las alianzas que han comprometido tan drásticamente la política por el dinero, a tal punto de desprenderse del dinero mal habido (i.e. caiga quien caiga como les gusta decir).  Tiene que ser algo que realmente mueva la aguja (meter preso a dos expresidentes solo sería una parte).  Pensando en términos bíblicos: <<sin nada vine a este mundo, y sin nada me he de regresar>>. 

Pero, como dice el poema de Francisco de Quevedo:

“Es tanta su majestad,

Aunque son sus duelos hartos,

Que aun con estar hecho cuartos

No pierde su calidad.

Pero pues da autoridad

Al gañán y al jornalero,

Poderoso caballero

Es don Dinero.”

Y el nivel de influencia del dinero en la política ecuatoriana ha llegado a tales niveles que estas ideas mías bordean la utopía.  ¿Hay algún líder político dispuesto a emprender una carrera para hacer ese su objetivo? (¡Por favor que no ofrezca cortarse las manos!)

No quisiera concluir sin desear lo mejor al trabajo de la comisión asesora.  Ojalá nos demuestren que estamos equivocados, por el bien del país.  Así en el futuro, los que tengan que participar en política no tengan el dilema de Pablo Lucio-Paredes.  Yo en todo caso, he tratado de exponer en este artículo por qué ambos tienen razón.   El problema es que mientras más nos demoremos las consecuencias para el país serán exponencialmente peores.  Y aunque podría citar a Alibaba y los 40 ladrones para terminar, voy a hacer una referencia por analogía, a lo que le pasa al país. En vez del Titanic de Mahuad, los ecuatorianos estamos todos montados en la avioneta de Adum. 

Desdolarización y Federalismo: una cucharada de la misma medicina

Desdolarizar no ha sido una propuesta abanderada por ningún grupo político de relevancia en el país.  Pero es una propuesta velada de algunos, que no teniendo la frontalidad para proponerla púbicamente, piensan que está dentro del conjunto de soluciones para los problemas económicos de nuestro país. Afortunadamente, para aquellos que creemos que desdolarizar no es una solución a nada, la dolarización goza por ahora de un enorme apoyo popular, según los politólogos, gozan del apoyo del “votante medio”. 

Por el contrario, federalismo sí es algo que se está ventilado, vean por ejemplo un hilo en Twitter de Pablo Arosemena y la opinión en El Universo de Pedro Valverde.  En este caso, se está discutiendo esta posibilidad por el lamentable fracaso del gobierno central en el manejo de la crisis de salud en Guayaquil; rodeado de escándalos de corrupción en los hospitales del IESS y de una incompetencia que los llevo a esconder a los muertos y tratar de manipular la información de la situación verdadera.  En realidad, es una situación criticable desde todo punto de vista.  Sin embargo, no es menos cierto que en esta crisis la gestión municipal ha estado bajo par, por decirlo de manera elegante.  Por tanto, concluir sobre la base de la coyuntura de que lo que conviene es un Estado federal a mi me parece un argumento sin fundamento. “Queda claro el modelo unitario ha fracasado en el Ecuador” sobre una columna de 500 palabras no es ni remotamente una evidencia para sostener esa afirmación.

¿Dónde está la justificación para conocer cómo vamos a asumir las competencias de salud, educación, seguridad, y obra pública sin tener un planteamiento de cómo se deben financiar estos ingresos a partir de los impuestos nacionales? ¿Cómo estamos seguros que muchas de esas competencias no se van a conseguir de manera más eficiente a nivel cantonal en un país con tantas ciudades pequeñas que no permiten llegar a los mínimos que requieren las economías de escala? ¿O sólo estamos pensando en Guayaquil, o que los gobiernos municipales no son corruptos?  No menos reprochable es catapultarse en el sentimiento regionalista que provocó un conflicto entre <<monos y serranos>> al inicio de la pandemia -no creo que ustedes lo quieran, pero el timing de la idea lo hace inevitable.  ¿Quién les ha dicho que el futuro de un país se puede construir sobre la base de una cultura de odio semejante? Más allá de que hay razones para criticar a un centralismo que siempre debe detenerse a raya porque convive en la clase política ecuatoriana como actitud irresponsable. Existen más preguntas que respuestas ante una recomendación semejante.

Albert Hirschman, un famoso intelectual del mundo del desarrollo decía que las estrategias de la política son salida, denuncia o lealtad como maneras de confrontar al poder.  En cierto sentido, una sana autonomía exige denuncia cuando hay abusos o fallas graves del poder central, pero esta amenaza de salida planteada me parece que raya en lo descabellado.  Algo así como: “veo que me conviene y lo digo”, no importa que no le convenga al país, o ni siquiera tenga un plan que justifique mi tesis.

Podría trasladar esta actitud a la de las futuras reacciones de los desdolarizadores solapados.  Y estoy seguro, que muchos de los federalistas rechazarían cualquier intentona en este sentido.  Pero piénsenlo un poco más.  En momentos en que la crisis fiscal se apresta a arreciar contra la dolarización como una política de <<aritmética monetarista desagradable>>, en la mitad de este problema, ¿qué creen que consideran cómo la mejor estrategia los principales opositores de la dolarización? Lealtad, denuncia o salida. 

No me pregunten a mi, pregúntense ustedes mismos.  ¿Es momento de plantear ideas como el federalismo? No será que nos saldrán los desdolarizadores, tan pronto se pierda el apoyo del votante medio, y les den una cucharada de su propia medicina.  Por favor, guayaquileños, serenidad y prudencia en estos momentos tan aciagos que vive el país.  No es el momento de recomendar que algo es malo porque tiene costos. Mejor dicho, nunca es momento para eso, pero hoy por hoy, menos todavía.  Analicemos las decisiones y sopesemos sus beneficios contra sus costos.  Es el neto el que debemos ver, el beneficio neto. Y siempre desde una lógica del bien común general que es Ecuador, no desde la lógica del bien común particular que puede ser mi casa, mi hacienda o mi cantón.

Pablo. Tú eres un político joven, y se puede comprender si ha sido su ímpetu por cambiar, lo que te llevó a promover esto.  Pero por favor, corrige Pablo, corrige.  Pedro, tú eres abogado, trabajemos las ideas primero: qué criterios políticos y legales quieres interponer para implementar y proponlo, discútelo, defiéndelo sobre la base de propuestas cuantificadas, fundamentadas jurídicamente y de viabilidad política.

Si me argumentan contundentemente cómo el federalismo va a resolver los verdaderos problemas del país, me encantaría conocer de qué manera esto será posible.  Hasta mientras, no vaya a ser que inauguremos la era de las políticas kamikaze en el Ecuador, y cada uno jalando para su lado, sin dolarización, con un estado desmembrado con federaciones del tamaño de pequeñas tribus africanas, con una corrupción descontrolada, el país pierda cualquier esperanza por los malos gobiernos.  Hirschman también decía que a veces falta llegar a los extremos para lograr cambios.  Pero eso, no es lo mismo, que decidirse a extremar las medidas es un cambio para bien, no confundamos los conceptos.

Cash is King: version para empresas

En el verano del 2005 trabajé en Nueva York para un banco alemán que operaba en esa ciudad.  Una de mis tareas era evaluar el riesgo de ciertas empresas que tenían operaciones de crédito o tenían acciones en bolsa con gestión corretaje del banco.  Cuando le pedí un consejo práctico de como enfocar mi trabajo para poder olfatear mejor los problemas, mi jefe, un veterano de la industria me respondió: “En el negocio del crédito el efectivo es el que manda, fíjate en todo lo que ha movido o podría mover los drivers del flujo de caja”. Y terminó recordándome que nunca me olvide que: “¡Cash is King!”.

En la mitad de la crisis del coronavirus ha salido una publicación sobre la liquidez de las empresas del Ecuador, realizado en conjunto con la ESPOL, la UESS y la Superintendencia de Compañías (SIC).  El título me enganchó: “Flujo de Caja y Dias de Resistencia sin Efectivo en Tiempos de Covid-19”.  Su conclusión más general es que las empresas no podrán sobrevivir con su flujo de caja más de 28 días en cuarentena.  Se hace un análisis por sectores, y un análisis por tamaño, y se detallan conclusiones más específicas para cada caso.

El ejercicio me pareció interesante.  En primer lugar, porque el efectivo es la única reserva para hacer frente a obligaciones salariales en el caso de que no se muevan las ventas o las cuentas por cobrar, después de todo de ahí viene la afirmación de que “Cash is King”.  Además, porque de toda la información contable que hay en un balance, la mas difícil de manipular en un conjunto tan amplio como las empresas de un país es la cuenta de bancos o caja.  Al menos, el auditor puede confirmar los saldos de bancos con los estados de cuenta que les entregan los bancos a las empresas y los reguladores la pueden cruzar con la información en los bancos si llegara a ser necesario.

Pero mi alegría me duró poco tiempo, puesto que era un estudio a los balances anuales presentados a diciembre del 2018 a la SIC, que ordinariamente se hace en marzo de todos los años.  Tampoco había un análisis que permitiera afirmar que el saldo estudiado fuera representativo de todos los años, o que fuera representativo de todos los meses.  Sospecho que es todo lo contrario, que varía mucho a lo largo del tiempo, y que varía mucho a través del corte transversal que son las empresas.  Esto me hace pensar que para el diseño de recomendaciones es algo que debe ser tomado con las debidas precauciones que esta consideración amerita. 

En todo caso, se me ha ocurrido una idea que podría ser muy útil para las empresas y los hacedores de política en esta crisis.  Y además calza muy bien para realizarse en tiempos del teletrabajo.  Se trata de presentar balances trimestrales a la SIC de manera semejante a como hacen las empresas americanas según el US GAAP.  Para el caso ecuatoriano mi recomendación es que se haga una reforma para que la SIC los empiece a recibir a partir del primer semestre del 2020 y de ahí continúe trimestralmente en septiembre, diciembre, marzo y junio de todos los años.  El objetivo es conseguir información oportuna y relevante para que las empresas puedan comunicar a sus stakeholders claramente como está siendo su comportamiento, en esta crisis en particular, y para el resto del tiempo en general.  Esto permitiría por ejemplo distinguir los resultados pre-cuarentena, en cuarentena y post-cuarentena.

También permitiría a los bancos mejorar la calidad de sus decisiones de crédito y a los reguladores formular mejores propuestas para asistir a las empresas durante esta crisis; asi como permitirles a los investigadores que desarrollen estudios relevantes en tiempo real.

Ya me saldrán al paso las criticas; que esto es mucha información para revelar al público dirán algunos, que exige más trabajo a la contabilidad de las empresas, que implicará un costo de mayor auditoria para alicaída economía de las empresas y que de todas maneras la información no es muy útil.

A la primera de las criticas respondería que esta información es para beneficio de todas las partes, y si es que hubiera un valor en justificar que esta información no sea pública (la información anual ya lo es) tampoco sería un problema que la información trimestral sea manejada por la CIA y entregada codificada a los investigadores.  Para la segunda crítica, debo responder que toda empresa seria debería tener la información contable y financiera al día para que sea un soporte para la correcta toma de decisiones, entregarla a la SIC sería solo un mero trámite.  Para la idea de que podría ser un costo adicional de auditoria podría responder que una verdadera auditoria debe tener controles periódicos e indicadores que ayuden a alertar problemas a la administración de un posible desvío de los principios generalmente aceptados de contabilidad.  A no olvidar que una buena auditoria tiene valor no solo para las autoridades de control sino para los mismos accionistas respecto de su personal de contabilidad dentro de la empresa.  Pero, por último, podríamos obviar el requisito de que sean balances auditados trimestralmente, conservaríamos los estados anuales auditados con la condición de que no pueda variar las cifras presentadas en los reportes de cada trimestre.  Finalmente, algunos empresarios no verán mucho valor al entregar la información desde su perspectiva, pero como lo hemos dicho, para los hacedores de política sería muy útil -no todo lo que parece bueno a nivel individual es bueno a nivel agregado-.  Solo como una muestra, yo estaría muy interesado como se comporta la cuenta bancos y la cuenta caja a lo largo del tiempo y en un mismo momento dentro de las distintas empresas, de manera de poder pensar cómo facilitar la creación de mecanismos que creen liquidez como el dinero electrónico, las transferencias interbancarias, la securitización de activos, entre otros.

Y por supuesto, en estos tiempos de teletrabajo, donde además existe la facturación electrónica, los sistemas de información, las bases de datos asequibles de manera remota este paso no es ni remotamente tan complejo como lo han dado las empresas que otros países llevan informando trimestralmente desde hace más de cuatro décadas.

Me parece que esta iniciativa de acelerar la frecuencia de entrega de información financiera de las empresas a la SIC es un ejercicio del que todos ganamos y no me parece que tendría mucho costo.  Podríamos acceder a una de las piezas mas valiosas de información para que las empresas, los bancos y los reguladores puedan evitar decisiones equivocadas, cuando como decía mi jefe gringo, los problemas en una empresa arrecian: Cash is King.  Esta sería una reforma, y nunca mejor utilizada la expresión, que se encuentra a distancia de un click.

El Buen Gobierno, el Gobierno del Bien Común y la Dolarización

En esta crisis del COVID-19 se han planteado muchas interrogantes respecto de cuál decisión es la más conveniente para el gobierno.  Por ejemplo: si las cuarentenas o la inmunidad de masas, si dejar ir a los niños a las escuelas porque el virus no los afecta o no, si contagiado consigue inmunidad permanente o no, si es conveniente el tratamiento A o B, si subsidiar a los pobres e informales con transferencias monetarias o canastas de alimentos, si subsidiar a las empresas para que mantengan el ingreso de los trabajadores o dejarlas quebrar y otorgarle seguro de desempleo a los trabajadores, si financiar a las empresas viables a través de garantías del Estado a los bancos solo para las MiPYMES o todas, si el gasto público en países con monedas fuertes se financia con deuda o con emisión; en fin una serie de discusiones que no tienen respuestas únicas, y qué en muchos casos la ciencia o la economía no tiene los suficientes elementos para dar respuestas definitivas.  Un famoso periodista de CNN, Farred Zakaria, concluía que este problema es un problema demasiado difícil para dejárselo sólo a los científicos.

Surge de ordinario, ante estas circunstancias de falta de certidumbre, la necesidad de tomar una decisión.  Esta decisión es una decisión política que debería estar dirigida hacia el bien común.[1]  El problema es que éste es un concepto muy genérico que debe ser acotado y traducido a la práctica en una realidad que depende de las circunstancias y de las personas en concreto, he ahí el peso y la importancia de saber cómo decidir.  Por esto, es que es legítima la discusión respecto a algunas medidas que se están tomando en torno a la cuarenta y su eventual salida.

Sin embargo, en países como Ecuador, surgen problemas adicionales al de la decisión del bien común.  Una vez decidida una opción, de suyo discutible, el problema se traslada a quién la implementa.  Aquí entran los problemas de corrupción, de quienes compran mascarillas, esconden ventiladores mecánicos y adquieren los kits de alimentos con recursos públicos.  A pesar de lo dolorosas de las circunstancias, abundan los escándalos de sobreprecios, aumentan las compras sobre las que ganan comisiones y manipulan los procesos de contratación para beneficiar a ciertos grupos de interés.   Aquí entran también los que demuestran falta de capacidad, que deciden amortizar la deuda externa aunque reconocen que no la deben pagar por que no tienen como honrar los requisitos mínimos para los médicos y operadores de salud que están salvando a los enfermos.  También los que no tienen la autoridad para manejar los desafíos de la comunicación, y ocultan las estadísticas de contagiados y fallecidos para ser desmentidos patéticamente por periodistas extranjeros o por la cantidad de muertos en las calles que les ha obligado a hacer <<fuerzas de tarea>>.  En fin, esta es una larga historia que no me cansarían de escandalizarlos -esta es una historia que habrá que escribirla para dejar testimonio de la incapacidad de nuestros políticos para gobernar y de la sociedad para dejarse gobernar-.[2]

La capacidad de entender los problemas de esta manera nos puede ayudar a distinguir los desafíos para el gobierno que nos plantea esta crisis.  De esta manera es más factible plantear correcciones necesarias para conseguir un buen gobierno.  Un caso particular de este tipo de reformas de gobierno son las reformas económicas.  ¿Qué podemos hacer para que una buena reforma económica se convierta en una realidad política?

En este sentido, y relacionado a los temas económicas, es que quisiera hablar de una experiencia particular de la economía ecuatoriana: la dolarización del 2000 en Ecuador.  Esa decisión fue un hito en la historia del Ecuador puesto que permitió corregir el rumbo de un país que se aproximaba al despeñadero.  Un país que quebró sus bancos, su deuda pública y su moneda; pero que luego de una decisión política y económica forzada por las circunstancias se logró recuperar de lo que esperemos se mantenga como la peor crisis económica de la historia de Ecuador.[3]

Frente a la incapacidad fiscal del gobierno en la actual crisis, algo que objetivamente es responsabilidad tanto de Correa como Lenin, se considera la posibilidad de salir de la dolarización.  O al menos violar algunas reglas de la dolarización: bien sea regresando a retirar reservas líquidas como hizo el presidente Correa entre el 2015 y 2016 o retomar el proyecto de dinero electrónico sin respaldo.  Lo cierto es que una es la discusión exclusivamente desde la perspectiva económica puede omitir una gran cantidad beneficios con los que ha contribuido la dolarización.   Aunque con el riesgo de ser malinterpretado, considero que es razonable discutir la perspectiva económica de esas propuestas, después de todo si llegamos al punto de que no tenemos como financiar los gastos de salud habría que mirar a todas las opciones.  Por algo se dice que los modelos están al servicio del hombre y no al revés.  No obstante, no considero que hemos llegado a ese punto, por decirlo de alguna manera: ¡no hemos llegado entre azul y buenas noches!  Al menos no todavía.

Sin embargo, desde la perspectiva política todavía hay mucho que aprender del éxito de la dolarización que creo que no ha sido debidamente estudiado y comprendido.  Con esto me refiero a que no hemos aprendido cómo es que contribuyó la dolarización al buen gobierno cambiando las instituciones y los incentivos de los políticos para que nos dirigiéramos a un correcto bien común y lo consiguiéramos eficazmente.  Para mi estas son las principales lecciones políticas que tenemos que aprender de la dolarización.

Si no consideramos estos aspectos que ha corregido la dolarización en materia de gobierno sobre la política y la emisión de dinero, estamos condenados a salir de ella para volver a repetirlos.   Si hay algo que podemos pensar para mejorar las instituciones e incentivos para seleccionar a los políticos, para replicar el éxito de la reforma dolarizadora sobre la política monetaria en otras áreas de la economía y la política, este conocimiento sería la mejor vacuna que podríamos extraer de la crisis económica presente.

No vaya a ser que estemos tan sesgados en ver, lo exclusivamente económico, y que por querer conseguir una bocanada de aire creamos que vamos a salvar del problema a nuestra economía, y yo diría nuestra sociedad, que esta metida en problemas de mal gobierno desde mucho antes del COVID-19.  Y que probablemente seguirá metido en estos problemas mucho más tiempo después de que se ponga a disposición la vacuna.  Para una decisión semejante a salir de la dolarización habría que tomar en cuenta todo lo que nos ha aportado desde lo político, porque quizás no muramos del coronavirus pero si por culpa de los malos gobiernos y sus malas decisiones.

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[1] Gobernar por el bien común ha sido una idea que ha supuesto grandes desafíos en el mundo desde la modernidad hasta la actualidad. En el contexto de este desafío se plantea la discusión de cambiar fundamentalmente las condiciones actuales y regresar a una nueva república.  Un regresar a la <<polis griega>> que se podría asociar como una de opción de retirarse a un monasterio como plantea la <<opción benedictina>>.   Prácticamente, esto supone hacer tabla raza de las instituciones, intereses y derechos de las personas para comenzar desde cero.  Es algo tan platónico que raya en lo utópico, pero dado el grado de calamidad de algunos países y ciudades del mundo en las circunstancias, no parece algo tan descabellado para algunos.

Por otro lado, el sistema de gobierno de democracia representativa vigente tiene increíbles fallas en materia de corrupción, desigualdad e ineficiencia.   Esto ha hecho posible que muchos políticos populistas, en Ecuador y en el resto del mundo, se puedan dar el lujo de criticar al sistema aun desde la acera de la incompetencia y la falta de escrúpulos morales que muchas veces son denominador común de esa clase de políticos.

Sin embargo, existe una manera diferente de mirar estos desafíos del gobierno.  Esto es, enfocándose en las correcciones institucionales y de incentivos de selección de los políticos que permitan mejorar la calidad de las decisiones del gobierno y de la eficacia con que implementan esas decisiones de los gobernantes.  No es una propuesta refundacional -como lo es regresar a la polis-, menos aún una propuesta mesiánica -como esperar al caudillo populista-.

Esta propuesta se basa en conceptos tan antiguos como la potestad y la autoridad para reformar las instituciones, pero también descansa en la comprensión de los incentivos para mejorar la selección de los políticos y funcionarios públicos que nos gobiernan.

[2] A estos problemas mencionados les denomino el problema de gobernar bien -o en el caso de Ecuador de gobernar mal-.  Este es un problema adicional al del gobierno del bien común.  Podríamos decir que el gobierno del bien común es un problema de saber decidir conforme a las preferencias que conviene a la sociedad en tanto sociedad, no en tanto preferencias de una suma individual de preferencias.  Podríamos decir que se trata de un problema de agregación de preferencias.  Por otro lado, el problema de gobernar bien, consiste en: dado un objetivo, cómo consigo las personas y los medios para alcanzarlo. Es decir, un problema humano y técnico de cómo llevar las ideas a la realidad.  En resumen, un buen gobierno es aquel que gobierna para el bien común y gobierna bien: toma sus decisiones -sin corrupción, sin ineficiencias, sin generar otros problemas mayores-.

[3] En esencia la dolarización fue un cambio institucional y de incentivos sobre los políticos y su relación con la emisión de dinero.  Para el problema en cuestión, la dolarización, fue una solución formidable.  Además, ha pagado con muy buenos dividendos adicionales a la estabilidad de precios, lo que ha permitido el desarrollo y profundización de actividades económicas que tanto bien le han hecho al país en estos 20 años, a pesar de seguir teniendo el mismo tipo de políticos de siempre.

So you think we need Bukele?

Ecuador está dolarizado desde el 2000, Salvador desde el 2001; sin embargo, las tasas de interés salvadoreñas se redujeron al 6% inmediatamente después de la dolarización mientras que los ecuatorianos recién han convergido a una tasa del 9% en los últimos 5 años de dolarización.  Finalmente, la razón de crédito en el Salvador llega a la mitad del PIB, mientras que Ecuador apenas supera el 25%.  

Evidentemente, se presentan una colección de interrogantes respecto a esta situación.  ¿Por qué no han podido converger las tasas de interés más rápidamente en el Ecuador? ¿Por qué no terminan de converger las tasas interés de Ecuador a promedios mas parecidos al resto del mundo? ¿Es conveniente que los niveles y los márgenes de intervención se mantengan altos? ¿Existen políticas de regulación, competencia o reformas institucionales que puedan conseguir dichos resultados? ¿Es políticamente viable conseguir ese objetivo?

Difícilmente podríamos justificar un nivel tan bajo de penetración financiera, tanto de instituciones bancarias como de mercados financieros, como el que se observa en el Ecuador.  Por último, los márgenes de intermediación financiera son elevados con relación a los comparables y a los de los promedios de la región.  Adicionalmente, esos márgenes han cedido en los momentos en que la intervención pública ha forzado un control restrictivo sobre las tasas, lo que nos hace pensar que cierto poder mercado podría explicar una tasa ineficientemente alta. Nótese como la tasa real activa referencial del sector premium (la tasa productiva corporativa se mantuvo, en promedio, en 3% hasta el 2015 (oscilo entre 0 y 6% del 2008 al 2015), momento cúspide la tensión entre gobierno y la banca, antes de que empezara aflojar por la crisis del petrolero de fines del 2015, el terremoto del 2016, las elecciones del 2017 y todo el período del actual gobierno.

Finalmente, aunque se podría argumentar que el sistema bancario que poseemos es un resultado endógeno de las instituciones ecuatorianas, y que este podría justificarse económicamente como una respuesta a un entorno económico hostil y otrora insolvente e ilíquido (causante importante de la dolarización del Ecuador); en la práctica ese mismo sistema concentrado y de altos márgenes y niveles de intermediación, no ha podido o no ha querido, utilizar esas fortalezas para profundizar el acceso a crédito al sector privado.  Y en esta coyuntura de la pandemia se muestra adverso a participar financiando al sector real cuando para muchas empresas este shock transitorio, de no financiarse, puede convertirse en un shock permanente de solvencia, agravando a un más la situación del sector real y por ende del propio sistema financiero.  afectado por la severa crisis de oferta producida por la pandemia.

Aunque todavía es muy temprano para emitir un juicio definitivo, surge la reflexión más importante: si el sistema no ha podido bajar las tasas, si tampoco le permite acceso a una proporción importante de la economía (en comparación con otros países) y no es capaz de ayudar a solventar una crisis de liquidez que requiere el sector real; entonces, que podemos hacer para hacer al sistema financiero más dinámico que nos permita reducir tasas de interés, aumentar el acceso y profundidad del sistema financiero.  ¿Qué debemos hacer para conseguir un sistema financiero que nos permita alcanzar mejores niveles de desarrollo por la vía de una intermediación más eficiente, más estable y capaz de asegurar mejor los riesgos a los que se enfrenta nuestra economía?  Si uno lo analiza de esta manera, no hay forma de dejar de pensar en cómo conseguir buenas respuestas a estas preguntas. 

Aunque no sirva como ejemplo a seguir, debido a que no tenemos capacidad de emisión, sirve de ejemplo de cómo difieren las actitudes de los grupos de interés de los banqueros ante la crisis.  En Chile se está discutiendo la ayuda del Estado, a través de la banca central, para comprar cartera del ministerio de finanzas que se utilizará para emitir garantías que apalanquen a los bancos privados que prestan recursos las MIPYMES.  Para esto se piensa en una reforma constitucional que permita violar la regla de independencia del banco central.  Mientras tanto, aquí en Ecuador mandamos una ley, que de suyo podría ser conveniente en otro momento económico para evitar alternativas de financiamiento al gobierno a través del banco central.  ¿Será que el gobierno, que ha mostrado falta de claridad en el manejo de esta crisis, ahora se propone seguir muy firmemente las disposiciones que la banca por creerlas como las más convenientes? ¿Será que creen que por sostener una reforma legal extemporánea y en alguna medida contraproducente, por exacerbar las discusiones políticas en la Asamblea, vamos a conseguir alguna respecto de lo que realmente importa para el desarrollo del país?

¿Será que el mismo presidente que nos toma como ejemplo, sobre la base de la información de los fake news, de que en Guayaquil se queman a los muertos en las calles públicas; y que ordena a la banca privada de su país, a través de Twitter, a que no le retengan un centavo de las transferencias de protección social a los depositantes, ¿también necesita venir a dar clases de economía?  ¿Será que necesitamos a Bukele en Ecuador?  Ya dicen que mandaron a traer a sus asesores, así que prepárense, y cuidado nos sale el tiro por la culata.