En esta crisis del COVID-19 se
han planteado muchas interrogantes respecto de cuál decisión es la más
conveniente para el gobierno. Por
ejemplo: si las cuarentenas o la inmunidad de masas, si dejar ir a los niños a
las escuelas porque el virus no los afecta o no, si contagiado consigue
inmunidad permanente o no, si es conveniente el tratamiento A o B, si subsidiar
a los pobres e informales con transferencias monetarias o canastas de
alimentos, si subsidiar a las empresas para que mantengan el ingreso de los
trabajadores o dejarlas quebrar y otorgarle seguro de desempleo a los
trabajadores, si financiar a las empresas viables a través de garantías del
Estado a los bancos solo para las MiPYMES o todas, si el gasto público en
países con monedas fuertes se financia con deuda o con emisión; en fin una
serie de discusiones que no tienen respuestas únicas, y qué en muchos casos la
ciencia o la economía no tiene los suficientes elementos para dar respuestas
definitivas. Un famoso periodista de
CNN, Farred Zakaria, concluía que este problema es un problema demasiado
difícil para dejárselo sólo a los científicos.
Surge de ordinario, ante estas
circunstancias de falta de certidumbre, la necesidad de tomar una
decisión. Esta decisión es una decisión
política que debería estar dirigida hacia el bien común.[1] El problema es que éste es un concepto muy
genérico que debe ser acotado y traducido a la práctica en una realidad que
depende de las circunstancias y de las personas en concreto, he ahí el peso y
la importancia de saber cómo decidir.
Por esto, es que es legítima la discusión respecto a algunas medidas que
se están tomando en torno a la cuarenta y su eventual salida.
Sin embargo, en países como
Ecuador, surgen problemas adicionales al de la decisión del bien común. Una vez decidida una opción, de suyo
discutible, el problema se traslada a quién la implementa. Aquí entran los problemas de corrupción, de
quienes compran mascarillas, esconden ventiladores mecánicos y adquieren los
kits de alimentos con recursos públicos.
A pesar de lo dolorosas de las circunstancias, abundan los escándalos de
sobreprecios, aumentan las compras sobre las que ganan comisiones y manipulan
los procesos de contratación para beneficiar a ciertos grupos de interés. Aquí entran también los que demuestran falta
de capacidad, que
deciden amortizar la deuda externa aunque reconocen que no la deben pagar por
que no tienen como honrar los requisitos mínimos para los médicos y operadores
de salud que están salvando a los enfermos.
También los que no tienen la autoridad para manejar los desafíos de la comunicación,
y ocultan las estadísticas de contagiados y fallecidos para ser desmentidos
patéticamente por periodistas extranjeros o por la cantidad de muertos en las
calles que les ha obligado a hacer <<fuerzas de tarea>>. En fin, esta es una larga historia que no me
cansarían de escandalizarlos -esta es una historia que habrá que escribirla
para dejar testimonio de la incapacidad de nuestros políticos para gobernar y
de la sociedad para dejarse gobernar-.[2]
La capacidad de entender los
problemas de esta manera nos puede ayudar a distinguir los desafíos para el
gobierno que nos plantea esta crisis. De
esta manera es más factible plantear correcciones necesarias para conseguir un
buen gobierno. Un caso particular de
este tipo de reformas de gobierno son las reformas económicas. ¿Qué podemos hacer para que una buena reforma
económica se convierta en una realidad política?
En este sentido, y relacionado a
los temas económicas, es que quisiera hablar de una experiencia particular de
la economía ecuatoriana: la dolarización del 2000 en Ecuador. Esa decisión fue un hito en la historia del
Ecuador puesto que permitió corregir el rumbo de un país que se aproximaba al
despeñadero. Un país que quebró sus
bancos, su deuda pública y su moneda; pero que luego de una decisión política y
económica forzada por las circunstancias se logró recuperar de lo que esperemos
se mantenga como la peor crisis económica de la historia de Ecuador.[3]
Frente a la incapacidad fiscal
del gobierno en la actual crisis, algo que objetivamente es responsabilidad tanto
de Correa como Lenin, se considera la posibilidad de salir de la
dolarización. O al menos violar algunas
reglas de la dolarización: bien sea regresando a retirar reservas líquidas como
hizo el presidente Correa entre el 2015 y 2016 o retomar el proyecto de dinero
electrónico sin respaldo. Lo cierto es
que una es la discusión exclusivamente desde la perspectiva económica puede
omitir una gran cantidad beneficios con los que ha contribuido la dolarización.
Aunque con el riesgo de ser
malinterpretado, considero que es razonable discutir la perspectiva económica
de esas propuestas, después de todo si llegamos al punto de que no tenemos como
financiar los gastos de salud habría que mirar a todas las opciones. Por algo se dice que los modelos están al
servicio del hombre y no al revés. No
obstante, no considero que hemos llegado a ese punto, por decirlo de alguna
manera: ¡no hemos llegado entre azul y buenas noches! Al menos no todavía.
Sin embargo, desde la perspectiva
política todavía hay mucho que aprender del éxito de la dolarización que creo
que no ha sido debidamente estudiado y comprendido. Con esto me refiero a que no hemos aprendido
cómo es que contribuyó la dolarización al buen gobierno cambiando las
instituciones y los incentivos de los políticos para que nos dirigiéramos a un
correcto bien común y lo consiguiéramos eficazmente. Para mi estas son las principales lecciones
políticas que tenemos que aprender de la dolarización.
Si no consideramos estos aspectos
que ha corregido la dolarización en materia de gobierno sobre la política y la
emisión de dinero, estamos condenados a salir de ella para volver a repetirlos.
Si hay algo que podemos pensar para
mejorar las instituciones e incentivos para seleccionar a los políticos, para
replicar el éxito de la reforma dolarizadora sobre la política monetaria en
otras áreas de la economía y la política, este conocimiento sería la mejor
vacuna que podríamos extraer de la crisis económica presente.
No vaya a ser que estemos tan sesgados
en ver, lo exclusivamente económico, y que por querer conseguir una bocanada de
aire creamos que vamos a salvar del problema a nuestra economía, y yo diría
nuestra sociedad, que esta metida en problemas de mal gobierno desde mucho
antes del COVID-19. Y que probablemente
seguirá metido en estos problemas mucho más tiempo después de que se ponga a
disposición la vacuna. Para una decisión semejante a salir de la dolarización habría que tomar en cuenta todo lo
que nos ha aportado desde lo político, porque quizás no muramos del coronavirus pero si por
culpa de los malos gobiernos y sus malas decisiones.
[1] Gobernar
por el bien común ha sido una idea que ha supuesto grandes desafíos en el mundo
desde la modernidad hasta la actualidad. En el contexto de este desafío se
plantea la discusión de cambiar fundamentalmente las condiciones actuales y
regresar a una nueva república. Un
regresar a la <<polis griega>> que se podría asociar como una de
opción de retirarse a un monasterio como plantea la <<opción
benedictina>>. Prácticamente,
esto supone hacer tabla raza de las instituciones, intereses y derechos de las
personas para comenzar desde cero. Es
algo tan platónico que raya en lo utópico, pero dado el grado de calamidad de
algunos países y ciudades del mundo en las circunstancias, no parece algo tan
descabellado para algunos.
Por otro lado, el sistema de gobierno de democracia
representativa vigente tiene increíbles fallas en materia de corrupción,
desigualdad e ineficiencia. Esto ha
hecho posible que muchos políticos populistas, en Ecuador y en el resto del
mundo, se puedan dar el lujo de criticar al sistema aun desde la acera de la
incompetencia y la falta de escrúpulos morales que muchas veces son denominador
común de esa clase de políticos.
Sin embargo, existe una manera diferente de mirar
estos desafíos del gobierno. Esto es,
enfocándose en las correcciones institucionales y de incentivos de selección de
los políticos que permitan mejorar la calidad de las decisiones del gobierno y
de la eficacia con que implementan esas decisiones de los gobernantes. No es una propuesta refundacional -como lo es
regresar a la polis-, menos aún una propuesta mesiánica -como esperar al
caudillo populista-.
Esta propuesta se basa en conceptos tan antiguos como
la potestad y la autoridad para reformar las instituciones, pero también
descansa en la comprensión de los incentivos para mejorar la selección de los políticos
y funcionarios públicos que nos gobiernan.
[2] A
estos problemas mencionados les denomino el problema de gobernar bien -o en el
caso de Ecuador de gobernar mal-. Este
es un problema adicional al del gobierno del bien común. Podríamos decir que el gobierno del bien
común es un problema de saber decidir conforme a las preferencias que conviene
a la sociedad en tanto sociedad, no en tanto preferencias de una suma
individual de preferencias. Podríamos
decir que se trata de un problema de agregación de preferencias. Por otro lado, el problema de gobernar bien,
consiste en: dado un objetivo, cómo consigo las personas y los medios para
alcanzarlo. Es decir, un problema humano y técnico de cómo llevar las ideas a
la realidad. En resumen, un buen
gobierno es aquel que gobierna para el bien común y gobierna bien:
toma sus decisiones -sin corrupción, sin ineficiencias, sin generar otros
problemas mayores-.
[3] En
esencia la dolarización fue un cambio institucional y de incentivos sobre los
políticos y su relación con la emisión de dinero. Para el problema en cuestión, la
dolarización, fue una solución formidable.
Además, ha pagado con muy buenos dividendos adicionales a la estabilidad
de precios, lo que ha permitido el desarrollo y profundización de actividades
económicas que tanto bien le han hecho al país en estos 20 años, a pesar de
seguir teniendo el mismo tipo de políticos de siempre.
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