En este artículo quería analizar el
problema de la corrupción y los gobernantes, algo así como: Alibaba y sus 40
ladrones. En su defecto, voy a analizar una
de las tantas consecuencias nefastas que tiene este flagelo sobre el
Ecuador. El gobierno ha decidido
conformar un grupo de personas - sin un vínculo formal que los obligue y sin
sueldos- para que cumplan un rol de autoridad.
Básicamente, que aconsejen al gobierno en materia económica en estos
momentos tan complejos que vive el país.
Hay otros ejemplos de institucionalidad semejante al propuesto en el
país. Por ejemplo, el Council of
Economic Advisers en EE.UU. o los consejos consultivos que existen
para tantas materias dentro y fuera del Ecuador. No me quiero detener en los
detalles institucionales porque es un tema de suyo interesante, sobre el cual
habrá que regresar en otro artículo. Salvo, para alertar que confío que las
personas encargadas hasta hoy no desfiguraran el encargo o desprestigiaran el
concepto como ya pasara en décadas pasadas con el concepto de independencia del
banco central. Lo que quiero tratar en
este artículo es dos ideas con una raíz común: la falta de institucionalidad
que facilite la participación ciudadana y la falta de condiciones políticas que
permitan un ajuste fiscal. Veamos cuál
es esa raíz común.
Este grupo está encabezado, al
menos así me parece a mí, por uno de los macroeconomistas de mayor prestigio
internacional que tiene el Ecuador, un hombre con experiencia académica y
hacedor de política económica con una mezcla adecuada de cada una para el
desafío entre manos. También lo integra
un ex ministro de Finanzas de Rafael Correa, que lo decidió contrariar en el
momento de su mayor apogeo político, lo cual habla bien de su integridad
profesional; además de ser un conocedor de los pormenores fiscales de un país
que se ha caracterizado por la discrecionalidad y la falta de transparencia que
dificulta la ejecución de política económica.
Para muestra un botón, en la mitad de la pandemia no conocíamos con
exactitud las cifras fiscales por la tendencia de trasladar cuentas entre el
gobierno central y el sector público no financiero de manera de esconder el
nivel de endeudamiento, hasta que el FMI retrasó los compromisos y solicitó que
se aclaren las cuentas de la contabilidad pública, explicitando que los déficits
en el presupuesto eran mayores.
En una segunda tanda, fue
incorporado un buen econometrista, compañero mío y del cuál tengo un buen
concepto profesional, y que tiene una fuerte vocación por trasladar todos los
problemas a una confrontación con datos y modelos con el recurso particular a
su especialidad, la econometría de series de tiempo. También se integró un periodista económico de
la sierra con larga experiencia en la política.
Particularmente, como diputado en el Congreso durante la crisis financiera
de 1999 y la dolarización del 2000. En
estas épocas, le tocó vivir en primera persona como legislador la creación de
la AGD, la fiscalización durante el congelamiento de depósitos, la aprobación
de la dolarización y las famosas leyes Trole.
Todas experiencias de valiosa relevancia para evitar caer en los mismos
errores que se cometieron en el pasado.
Así se conformó el equipo con
Augusto de la Torre, Fausto Ortiz, Manuel Gonzalez y Vicente Albornoz. También se supo que Pablo Lucio-Paredes declinó
la posibilidad de participar en dicha comisión.
Hasta ahora yo era partidario de la tesis expuesta por Augusto de la
Torre en entrevista al diario El Universo: “Para mí, al estar el país en una
situación tan delicada y si el Gobierno te invita, es una irresponsabilidad
decir no, por un mínimo deber cívico”.
Independientemente, de si tenga o no la razón, si hay que reconocer que Augusto
de la Torre está “poniéndose la camiseta” del país y está poniendo en riesgo su
reputación profesional también al hacerlo.
No obstante, respecto de Pablo
Lucio-Paredes, de quien tuve el gusto de conocerlo cuando fuera mi profesor en
la ESPOL, guardo también los mejores conceptos.
Cuando leí su editorial en el mismo diario este sábado: ´No creemos en nada´, nos recordaba de la indignación que vivía el
país luego de que se revelaran los aportes de campaña del banquero Aspiazu al
presidente Mahuad después de la decisión del feriado bancario de 1999. Obviamente, la indignación estaba justificada
por las terribles consecuencias económicas para todos los ecuatorianos de esa
perniciosa relación entre el dinero y la política. Vale recordar, que Pablo Lucio Paredes,
presidió el ente regulador responsable de la decisión del congelamiento de
depósitos. Lo interesante es que el
condicionó su permanencia en el cargo a que si se congelaban los depósitos
también se debían congelar los activos de los bancos de manera de impedir que
los banqueros desviaran recursos y se arrancaran con los depósitos de la gente
o los créditos otorgados por el banco central, como finalmente ocurrió. Al no aceptarse su recomendación, tres días
después renunció al cargo. El resto
forma parte del más grande salvataje bancario y sus consecuencias nefastas para
el país. Por tanto, creo que a mi
profesor se le ha de haber venido a la mente la situación vivida en 1999 con la
invitación a formar parte del grupo asesor con lo que actualmente pasa en la
política entre el presidente Lenin y los escándalos de los hospitales,
supuestamente entregados como cuota política a los Bucaram por los ministros de
la denominada Ruptura de los 25. El
curioso parecido entre lo que pasó con Mahuad y Aspiazu es innegable. Por lo que no quisiera juzgarlo por su
decisión tampoco, ya que él ha de creer con justo derecho, que esto es un
ejercicio de distracción para lo que realmente importa para sacar el país
adelante: que es cortar ese pernicioso vínculo entre el dinero y la política
del Ecuador que todo lo ha corrompido.
Un segundo tema, en el plano mas
propositivo, Manuel Gonzalez ha hecho una propuesta por ahora muy
controvertida. Ha planteado la creación
de un impuesto al patrimonio y no empeorar más la recesión reduciendo personal
este año, pero planteando para el mediano plazo una elevación de 2 pp. al IVA
para recuperar la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, las críticas de izquierda y derecha no se han hecho esperar
por la falta de “creatividad” de la propuesta.
En todo caso, hay una crítica mucho más fundamental que es reconocida
por él mismo, y es que, estamos tratando de rebalancear el presupuesto que es
la fuente de los ingresos de la corrupción.
Por lo que todo esfuerzo parece que “caerá en saco roto”.
Debo reconocer que este argumento
es más difícil de solucionar de lo que parece.
Por lo que yo pienso que la única solución para implementar reformas y
hacer un ajuste fiscal es con un nuevo gobierno. Lo cual significa postergar las reformas y
agravar aún más los problemas o en su defecto adelantar la elección del nuevo
gobierno.
No abrigo muchas expectativas de
cambio, pero el rol de la autoridad demanda pensar también sobre estos
temas. Como he mencionado en otras
ocasiones la función del buen gobierno descansa en dos esferas diferentes:
potestad y autoridad. Instancias que
tienen su origen en la Roma republicana, como dicen los romanistas. Como cuando el cónsul ejecutaba, ejercía la
potestad; y el senado aconsejaba, ejerciendo la autoridad. El problema
actualmente es que la potestad no tiene la legitimidad para actuar, y no es
socialmente reconocida. Y no se bastará
de una autoridad, la comisión de asesores, para corregir esta limitación. El problema es que la falta de legitimidad
obedece a que todo sacrificio fiscal que requieran las medidas de ajuste no
será tolerado mientras siga la corrupción generalizada en las instituciones
públicas. Es más, hasta el momento, la
división de labores entre economía y política se fundamentaba en que la una
trataba sobre los medios y la otra sobre los fines.
Es en este sentido que me inclino
en contra de las propuestas de Manuel, pero no porque crea que se equivoca en
tanto cuáles sean los mejores medios, es más cuando presentamos conjuntamente
un plan de
acciones económicas el, otros colegas y yo; convenimos que esto
sería lo más apropiado. Aunque efectivamente,
reservábamos la fase de ajuste y reactivación para más adelante porque no la
considerábamos oportuna. La razón porque
ahora me opongo es porque creo que el objetivo actual debería ser reordenar los
fines políticos en contra de la corrupción, un problema de fines no de
medios. Sin embargo, esta situación, no
hace menos urgente resolver el problema económico, lo hace más difícil. Porque
debo reconocer que a medida que pase el tiempo, las consecuencias de dilatar
las decisiones serán aún peores. Aunque,
también puede haber una ventaja, que es que luego de esa revisión profunda
limpiando los excesos producidos por la corrupción, las necesidades de
financiamiento bajen y el monto del alza y el tipo de impuestos podrán
revisarse consecuentemente. Por supuesto, que esto obedecerá a otra discusión
de los fines del Estado que también pertenece a la filosofía política.
Si ustedes recuerdan hace 20 años
cuando se decidió la dolarización, más allá de la corrupción de la banca, la
dolarización recuperó la confianza de los depositantes en el sistema financiero
y la estabilidad del sistema monetario enfocó al sector privado en actividades
productivas. Pero ahora, el problema que queremos resolver (recuperar la
sostenibilidad fiscal) es facilitar el accionar para un montón de políticos
corruptos que han utilizado la cosa pública en beneficio personal.
Mientras no recuperemos la
legitimidad sobre los actores de gobierno y sus objetivos, los esfuerzos del
gobierno no nos van a llegar muy lejos.
En todo caso, hay que reconocer que este gobierno, luego de las
manifestaciones violentas de los grupos indígenas y correistas de octubre del
año pasado, consiguió recuperar legitimidad por enfrentar de una manera no
violenta a dicha crisis. En el mismo
sentido, el presidente Lenin podría dar demostraciones más integrales de
coherencia contra la pandemia de corrupción.
Hacer algo semejante implicaría un cambio de 180 grados: afuera los
compadres, los compinches, los yernos y las alianzas que han comprometido tan
drásticamente la política por el dinero, a tal punto de desprenderse del dinero
mal habido (i.e. caiga quien caiga como les gusta decir). Tiene que ser algo que realmente mueva la
aguja (meter preso a dos expresidentes solo sería una parte). Pensando en términos bíblicos: <<sin
nada vine a este mundo, y sin nada me he de regresar>>.
Pero, como dice el poema de
Francisco de Quevedo:
“Es tanta su majestad,
Aunque son sus duelos hartos,
Que aun con estar hecho cuartos
No pierde su calidad.
Pero pues da autoridad
Al gañán y al jornalero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.”
Y el nivel de influencia del
dinero en la política ecuatoriana ha llegado a tales niveles que estas ideas
mías bordean la utopía. ¿Hay algún líder
político dispuesto a emprender una carrera para hacer ese su objetivo? (¡Por
favor que no ofrezca cortarse las manos!)
No quisiera concluir sin desear
lo mejor al trabajo de la comisión asesora.
Ojalá nos demuestren que estamos equivocados, por el bien del país. Así en el futuro, los que tengan que
participar en política no tengan el dilema de Pablo Lucio-Paredes. Yo en todo caso, he tratado de exponer en
este artículo por qué ambos tienen razón.
El problema es que mientras más nos demoremos las consecuencias para el
país serán exponencialmente peores. Y
aunque podría citar a Alibaba y los 40 ladrones para terminar, voy a hacer una
referencia por analogía, a lo que le pasa al país. En vez del Titanic de
Mahuad, los ecuatorianos estamos todos montados en la avioneta de Adum.
