A propósito de la grave crisis fiscal que se ha venido incubando en las finanzas públicas y de muchos comentaristas deportivos, políticos y económicos despistados advirtiéndonos de la posible contracción del sector privado y el aumento de la pobreza resultantes de una corrección fiscal; unos compañeros y colegas economistas de la ESPOL decidimos juntarnos para presentar algunas ideas centrales sobre lo mínimo que debería contener el eventual ajuste. La propuesta resulta en una recomendación en materia de ingresos, gastos, deuda y preparación de mediano plazo para financiar la guerra y cerrar el déficit estructural del 5% del PIB que podría desembocar en una crisis de consecuencias funestas para el sector privado y peor aún para los más pobres. Esta potencial crisis sí con perversos efectos permanentes -no de recesión pasajera- y de una verdadera depresión como la que antecedió a la dolarización, no como lo que se discutía los círculos de Guayaquil o de Quito hace un mes (Ver Tweet).
De esta interacción con mis
colegas he aprendido algunas cosas. Una
de ellas es el distanciamiento cada vez mas grande entre la política y la
economía, cuando sería muy provechoso para ambas una mejor interacción para
orientar la acción de gobierno. Entre
mis colegas se encuentran académicos en universidades americanas, funcionarios
de organismos internacionales, investigadores de bancos centrales, reguladores
de instituciones de control, ex-funcionarios públicos, entre otros; dentro de
ese grupo me considero el menos habituado a los modelos, a la investigación
empírica o la evidencia de casos internacionales. Para mi, que opte por una carrera mas hacia
la empresa, mi aporte viene del patear las piedras del asfalto, viendo cómo la
crisis fiscal inflige complicaciones al sector privado desde el sector público. Al tener esos dos sombreros creo tener una
visión que puede ayudar a mejorar esa interacción entre economía y política. Ya
me dirán ustedes.
En todo caso la propuesta
original del gobierno de la subida del IVA se va abriendo camino en una extraña
ventana de oportunidad para corregir el déficit estructural poco a poco. Vale recordar que el presidente Noboa ha
pasado de un discurso de bajar impuestos y aumentar los subsidios a los combustibles
a un discurso exactamente opuesto al pregonado en campaña. El problema de credibilidad no es menor, pero
se aliviana mientras se pueda mantener dentro de la narrativa de que todo
cambió por la guerra contra el crimen organizado y el “entuque” que dice que le
ha hecho el gobierno anterior. Esperemos que los índices de popularidad del 80%
se puedan mantener al hacer lo que siempre debió decir que iba a hacer.
Afortunadamente, muchas otras
voces compartieron la gravedad del problema e insistieron en los riesgos de una
eventual desdolarización (Cordes),
otros optaron por una estrategia mas detallada sobre la contracción del gasto
público, subsidios y renegociación de deuda con ajuste del orden de 2,5% del
PIB (USFQ),
aunque solo consigue la mitad de la tarea.
Sin embargo, los políticos populistas parapetaron las tesis de RC y PSC
de corregir en algo las necesidades del ajuste, pero bajándole el tono al
problema, rechazando un alza del IVA y proponiendo una combinación de impuestos
temporales dirigidos a grupos específicos para llegar a una cifra como sumo la
mitad de la recaudación proyectada para el alza del IVA. Siendo lo más crítico que los impuestos sean
temporales. Así las cosas, esta nueva
entrega de la novela política ecuatoriana, al igual que las películas de
Marvel, aunque no sepamos su desarrollo sabemos cuál será su conclusión (Algo
nos adelanta Pallares en el diario Expreso).
Lo político como lo arquitectónico
La situación que observo es de
una invasión de competencias entre lo político y lo económico. En donde quien debería llevar la primacía, la
política, confunde la comprensión del problema técnico con la definición del
objetivo político. Cuando la sana
interacción debería partir por un reconocimiento de los hechos económicos y una
deliberación de los objetivos deseados que permitan analizar las alternativas que
debería tomar la sociedad en ese contexto.
Déjenme explicarlo con una analogía.
Si yo construyo una casa, primero debo partir con un plano
arquitectónico que haya recogido las necesidades básicas de la familia y las
restricciones técnicas que una opción razonada frente a un presupuesto a mi disposición. Mis preferencias y necesidades reflejadas (proyecto
arquitectónico) se deben complementar con las restricciones de estructuras de
pilares y ducterias que la ingeniería manda para que sea una casa resistente y
funcional (proyecto estructural). Así
también, la política es a la economía lo que la arquitectura es a la
ingeniería. Sin lo primero, no hay
objetivos que satisfacer, pero sin respetar las restricciones la casa tiene el
riesgo de colapsar. A los políticos no
se les puede ocurrir construir una casa de dos pisos sin pilares y a los
economistas tampoco se les debería ocurrir que vivamos en una casa de un solo
ambiente porque es la estructura más sólida si su tarea no es imponernos
preferencias.
En el mismo sentido veo a un
político de formación como Hurtado resaltando la necesidad de respetar las
restricciones económicas; y veo, a un gestor y eficaz administrador, como Nebot
indicando cómo es que se debería aprobar la reforma, pero sin el alza del
IVA. El primero parece querer ser
ingeniero y el segundo un arquitecto-decorador. Nótese que en general, como
economista, estoy de acuerdo con Hurtado, pero como político no puedo tratar de
imponer, sino que debo ser capaz de convencer de porqué la sociedad debería buscar
ese camino, no a cambiarse al carril de la economía, no a invocar a la
confrontación o dar lecciones de moral. Es
como el ingeniero que quiere construir casas de un solo ambiente.
Lo de Nebot no es nuevo, bien
dijo Hurtado que es la esencia misma de los populistas de los que el PSC y RC
son sus mas insignes representantes. A él
habría que recordarle cómo terminó el país luego del interinazgo de Fabián
Alarcón, cuando propuso la eliminación del IR en 1998 y la creación del 1% de
impuesto a la circulación de capitales o la creación de un seguro de depósitos
después de que buena parte de la banca estaba quebrada, para que los
depositantes se salven, lo que parece correcto, pero permitiéndole a muchos
banqueros irresponsables huir con activos del país, ambas cosas figuran como
causales últimas de la crisis fiscal y financiera, amén de las desafortunadas
condiciones externas y mala gestión pública
que nos llevó al colapso de la economía en 1999. Cada vez que el hombre práctico y buen gestor,
que fue mas adelante como alcalde de Guayaquil, mencione estas “innovaciones”
para enfrentar la crisis habrá que recordarle que en materia macroeconómica su
autoridad es por decir lo suave, bastante más de lo que permite la cancha, para
decirlo en el argot del deporte que ve jugar todos los días. Es como el decorador
que quiere quitarle los pilares de la casa por que no se ven bonitos.
Que lo político sea lo
arquitectónico supone construir una casa bonita, funcional y sólidamente
construida al alcance del propietario. Es decir, que se tome en cuenta las
preferencias y necesidades, se respeten las restricciones económicas y se pueda
construir con el presupuesto que se cuenta. En esta analogía Correa merece un
puesto especial, puesto que lo que hizo en su gobierno fue construir la casa
más bonita que se podía imaginar, aparentemente respetando las reglas de la
ingeniería, aunque con un vicio oculto que le ha tocado corregir a los
gobiernos subsiguientes. Como todo buen
populista, nos dio pan para hoy, hambre para mañana.
Lo político de las reformas
Luego de nuestra propuesta, un
grupo de profesores encabezado por quien había sido nuestro profesor en ESPOL,
Pablo Lucio-Paredes, proponía una reforma de reducción por $2,800 millones (900
de contracción del gasto en personal, 400 en renegociación de deuda y 1500 en
reducción a los subsidios de los combustibles).
No estoy completamente en desacuerdo, pero esto es media receta. La receta completa es para corregir todo el
problema y por eso nuestra propuesta era un mix que incluía la elevación de
ingresos permanentes. La carga
libertaria del Estado mínimo debe explicar en parte esa postura de aversión a
más impuestos. Salvo que habría que
recordarles que una reducción de subsidios es equivalente a una elevación de
impuestos. En fin, hay que rescatar la
coherencia ideológica de la propuesta en un entorno en donde estamos
acostumbrados a decir lo que la gente quiere escuchar y no la verdad. Nótese la
diferencia con los políticos que dicen lo que la gente no quiere escuchar hasta
que termina convenciendo como el caso de Milei.
Esto me sirve como una buena
introducción para indicar que la esencia de la discusión fiscal debe tener como
antecedente una discusión política. Lo
malo es no dejarlo claro. Si como
sociedad creemos que: el Estado debe crecer o achicarse, debe cobrar impuestos
progresivos o impuestos indirectos, reducir la pobreza o reducir la desigualdad;
lo que creemos son en opciones políticas (de suyo opinables). Luego estas
opciones y los intereses políticos se vuelven en restricciones que interactúan
en el terreno de la economía política como un arte de saber gobernar. Finalmente
hay un andarivel puramente económico que trata de descifrar si los objetivos
son viables (¿Se puede sostener un déficit estructural del 5%?), si es
eficiente una estructura tributaria (¿Qué costos tiene un impuesto menos
horizontal que el IVA?), si es administrativamente fácil de evadir (¿Qué
impacto tiene la exención sobre un rubro tan grande como materiales de
construcción?), o la manera en que se afecta la distribución del ingreso (¿Cómo
se compara la regresividad del IVA con el impuesto a los bancos -que no es lo
mismo que a los banqueros?).
Lo que sí parece inverosímil es
decir que no se aumenten los impuestos porque quitan el dinero del bolsillo de
la gente y al mismo tiempo sostener que se mantengan las exoneraciones
tributarias (cerca de 6000 millones) que aunque la mitad correspondan a las
exenciones del IVA, todavía existen otros 3000 millones para convenios de
inversión, zonas francas y otras concesiones a empresas particulares. Si no queremos más impuestos, insistamos en
que no podemos dar concesiones particulares hacia futuro, habrá que respetar
aquellas que se otorgaron a cambio de inversiones ejecutadas o para reducir la progresividad
del IVA pero todas las demás habrá que examinarlas y parar a raya esta política
de cara al futuro. No estoy seguro de que estén tan de acuerdo con esto, pero
mantener ambas cosas no es coherente.
Peor aún exigir transferencias a gobiernos seccionales de esfuerzos de
recaudación desde el gobierno central.
Esto no es un tema sencillo, pues me atacaran de centralista, pero si el
gasto de los GADs no beneficia a salud, educación y seguridad que es lo que mas
desea la gente cómo es posible que no se imponga una restricción a esa
transferencia como contraparte a ese gasto y sigamos insistiendo en mas
transferencias y a la vez no elevar los impuestos. Bueno, esto solo se explica desde el
populismo.
Decir que el mejor impuesto es el
que deja el dinero en el bolsillo de la gente es un ejemplo de no entender la
diferencia entre la política y la economía.
Excepto claro está, que hayamos encontrado el caso en que la gente no le
guste tener mas de su propio dinero. Es muy difícil hacer economía si la
política se vuelve tan incoherente o hacer política que no respeta lo básico de
la economía.
Lo político de los subsidios
a los combustibles
La elevación de los precios de
los combustibles es asociada con las respuestas violentas del movimiento
indígena que hacen tambalear a todos los gobiernos (El asesor
de Iza nos anticipa el afán estratégico de la protesta que está por venir). La verdad es que no es posible abordar una
reforma semejante sin entender adecuadamente esas restricciones políticas que
podrían replicar esos intentos de rebelión.
Recomendar <<tabula rasa>> la eliminación a todos los
subsidios a los combustibles es algo que puso en riesgo la democracia
irresponsablemente en octubre del 2019. Si
a esto sumamos la amnistía a los líderes de esa protesta otorgada por la
Asamblea en el 2021 entendemos porqué le reedición de ese fenómeno en el 2022 -que
no sea por la oposición delincuencial que ahora conocemos de qué es capaz.
En todo caso, tampoco es cierto
que no se puedan tocar ninguno de los subsidios o que haya que esperar a un
elaborado plan de implementación con tarjetas magnéticas, bases datos
entrelazadas y sistemas inteligentes interconectados entre toda la infinidad de
puntos donde se vende combustible a todo lo largo y ancho del país. Eso sería necesario en una última fase de
reforma y es un distractor del problema central en este momento. Las reformas
producen un problema cuando se combinan los conflictos con los grupos de
interés y los problemas de legitimidad en la eliminación de los subsidios. Pero la falta de legitimidad sólo será un
problema si se afectan los subsidios que impactan al precio de la electricidad,
el transporte público y el precio de los alimentos. Una reforma profunda a este problema deberá
implicar reformas en esta materia, pero es posible primera fase sin tocarlos
todavía ($1500 millones).
En todo caso, lo que parece
importante para pasar a esa segunda fase de reforma ($3000 millones) es que la
discusión política llegue a un consenso de si queremos mantener esa visión
clientelar con respecto a la riqueza petrolera.
De hecho, pocos son los países petroleros que han logrado salir de esa
condición, Venezuela siendo el caso cercano más paradigmático, en donde un metro
cúbico de agua por el grifo cuesta más que un galón de gasolina en gasolinera. Esto en parte explica el problema del déficit
estructural del 5% del Ecuador -si elimináramos <<tabula rasa>> los
subsidios a los combustibles, gas y electricidad podríamos recuperar 4,5% del
PIB.
Es por esa misma razón que se nos
presenta una oportunidad de reforma relativamente sencilla en su primera fase. Si
más de la mitad del consumo de derivados no va a generación termoeléctrica (una
parte si por los estiajes que obligaron a los apagones recientes), a transporte
de pasajeros o transporte de carga que lleva a alimentos: ¿a dónde va? ¿Quién
lo consume? En términos gruesos ni mas ni menos que actividades ilegales:
contrabando en frontera, trapicheo en alta mar, maquinaria de la minería
ilegal, trafico intersectorial desde sectores subsidiados, producción de droga
-curioso que el hallazgo de la droga en Vinces también hayan encontrado 18,000
galones de gasolina. Esto es fácil de
acabar desde lo político, pues nadie en un sano juicio va a defender mantener
estos subsidios a esos sectores, peor si es fuente de ingreso de los que están
en guerra con el Estado.
Este es parte del argumento
político para una reforma que pronto espero compartirlo. Por ahora debe entenderse bien el problema y
no adelantarse a fases de la reforma que si requieren mas discusión
política. En esa segunda fase deberíamos
discutir como sociedad cómo queremos repartir la riqueza petrolera: si a la
manera africana o venezolana; o si la manera de un país que tiene un plan de
desarrollo que aglutine al país en torno a beneficios que dignifiquen mas a sus
ciudadanos como el cuidado de la salud de sus enfermos o la formación de los
mas jóvenes a través de una buena educación.
Lo político de la
desdolarización
Augusto de la Torre, en
coincidencia con nosotros, nos advierte de los caminos de la desdolarización:
emisión de dinero electrónico, crédito interno del BCE o emisión de deuda del
MEF sin fuente de repago (Ver
El Universo). Eventualmente, nos
dice con los de CORDES que en ese escenario de bimonetarismo una crisis puede
afectar la confianza de la gente en los depósitos en el sistema financiero
privado, y luego de eso, adiós a la dolarización. Parafraseando a Hurtado: “vendrá
el correón”.
Pero lo que equivocamos los
economistas es nuevamente la confusión de andariveles. Si la sociedad no está de acuerdo con la
salida de la dolarización: ¿cómo es posible que el gobierno termine
desdolarizando? No es que los
economistas estén equivocados en advertir la seriedad del problema, es una
cuestión de la sutileza del problema, que en alguna medida se parece a la
fabula del pastor, el pueblo y el lobo.
De tanto jugar con que viene el lobo, llegará el día en que el pueblo no
reaccione y el lobo se aproveche.
Por si mismo el gasto público sin
financiar no se puede pagar con emisión en dolarización, pues esta no es una
herramienta de la que dispone un país dolarizado. Pero en la medida que los gastos de sueldos u
otros gastos vitales se empiecen a acumular, de algún lado tendrá que empezar a
pagarse. La forma más fácil es con una
promesa que alguien este dispuesta a tomarla como medio de pago: un bono, un
cete, un crédito tributario, un patacón o un correón. El día en que políticamente decidamos empezar
a pagar así es que abrimos la puerta para un dilema futuro, nos dice De la
Torre. En ese día futuro, téngalo por seguro, ya no importará la dolarización,
todos querrán que el Estado emita dinero para salvarlos (bien sea de una
corrida de depósitos o de una suspensión del pago de salarios generalizada). Por eso bien dice un economista Thomas
Sargent, parafraseando la máxima de Friedman: “la inflación es siempre y en
todo momento un fenómeno fiscal”.
Hasta aquí nada que no hayamos
escuchado antes, quizás es la segunda advertencia de que viene el lobo. Lo propicio sería recomendar un curso de
acción para evitar entrar en el dilema.
Por ahora se me ocurre responder con más política, a la
irresponsabilidad de los políticos de no subir impuestos permanentes o no bajar
los subsidios. Esto es, establecer por
fuerza de los hechos una prelación de pago con el efectivo de la caja fiscal.
Si no se pueden aumentar impuestos las transferencias a GADs entran a la cola, si
no se bajan los subsidios a los sectores priorizados, a los no priorizados
(fase I) se les calcula un precio que asuma parte de ese costo (propondría
subir el diésel no $1.5/galón sino $3/galón a todos aquellos que no sean
transportistas, carga pesada, generadores de energía o que no compren en el
dispensador de la gasolinera). Esto
habría que implementarlo y no es muy complejo, pero hay que darle la legalidad
requerida, ya que en estas circunstancias la autoridad de finanzas tiene toda
la legitimidad requerida para evitar entrar en un dilema del que después nos
lamentaremos.
∞
Para un problema de seguridad con
las maras en algo parecido al nuestro, El Salvador ha requerido de Bukele. Para una crisis fiscal y de corrupción de la
cosa pública de similares magnitudes, a la Argentina le ha tocado Milei. A
falta de eso, a Ecuador le han tocado dos políticos muy hábiles, Correa y
Nebot, que constantemente buscan privilegios sea cual sea el costo para el país.
Al presidente Noboa me resta decirle que salvo que todos los ecuatorianos
hagamos un cambio generalizado de actitud, que es posible desde la buena
política, y en la línea que estamos sugiriendo, solo “sonsing inkredibol”
salvaría al país de la crisis que se avecina.
